EL IMPACTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES SOBRE EL TERRITORIO

 

Hace unos días acudí a una charla en el Valle de Esgueva, sobre el impacto que tenían las energías renovables en nuestro entorno. Me pareció interesante, dado que, en conversaciones informales, había hablado con vecinos y vecinas de Tordesillas sobre lo “frustrante” que era cubrir el campo de paneles fotovoltaicos. Recordaba cómo, cuándo pusieron los aerogeneradores en la Cuesta Carracastro, hubo una “resignación” general motivada por el discurso de que iba a llenar de “dineros” las arcas municipales, pero en el fondo nos dolía que fuera a ser a cambio de modificar un espacio emblemático para los tordesillanos y las tordesillanas, modificando totalmente la clásica imagen de nuestro municipio con el Cerro culminando o poniendo en peligro el yacimiento arqueológico allí situado.

Probablemente, todas esas inquietudes y preocupaciones, han surgido en diferentes lugares ante el avance de las renovables, sin duda energías que deben ser presente y futuro, y que han dejado dinero (en arcas municipales a través de licencias y a los dueños de la tierra), pero a qué precio. En el momento actual la tranquilidad de la vida en los pueblos, de tener espacios cercanos al aire libre, se ha convertido en una necesidad a reivindicar. Los pueblos tenemos eso, pero nos lo están quitando.

La Plataforma vecinal “Defensa del Valle Esgueva” es la solidificación de ese hartazgo, vecinos y vecinas que han decidido pasar de la resignación a la acción. Comprobaron como intereses económicos y políticos estaban convirtiendo su entorno en un paisaje negro, cubierto de paneles fotovoltaicos, lo que estaba modificando su tradicional paisaje, a la biodiversidad y que no estaba teniendo un impacto positivo en el territorio.

En Tordesillas no somos ajenos a esta ocupación del espacio por parte grandes proyectos de péneles fotovoltaicos dónde antes había cultivos, a ese cambio del tradicional campo amarillo castellano a un paisaje negro que ni siquiera repercute económicamente a nivel local, más allá del pago de las licencias al ayuntamiento.

La cuestión es ¿Por qué se eligen entornos cercanos a centros comarcales de servicios o a áreas urbanas? La respuesta está en que deben concentrase en lugares con subestaciones de red eléctrica cercana, para evitar pérdidas de tensión que encarecerían la factura. Además, el hecho de que fueran zonas de cultivo añaden la oportunidad de ocupar espacios que ya han sido allanados y por lo tanto trabajar sobre ellos es menos costoso.

Lo curioso es el avance de estas instalaciones en los últimos años, un avance que se ha producido sin planificación y prácticamente ha sido “a la caza del territorio” dando igual las consecuencias y la forma. Digo curioso porque si bien responde a la intención por parte del gobierno de pasar en los próximos años de una producción en renovables de 108 GW a 250GW, la realidad es que desde 2008 el consumo eléctrico en España está disminuyendo fruto, fundamentalmente, de la marcha de la industria a otros países, ya que esta es el mayor foco de consumo eléctrico. Entonces ¿Por qué este aumento en producción de energía? La explicación hay que buscarla en los planes de la Unión Europea, concretamente en la Agenda 2030, donde se pretende que la energía generada por renovables, en especial la energía fotovoltaica, en países mediterráneos sirva para satisfacer los intereses de países del Norte de Europa como Dinamarca, Alemania… generando que los impactos negativos  se produzcan aquí, concretamente en las áreas rurales próximas a las ciudades o en las zonas próximas a los centros comarcales de servicios, como es el caso de Tordesillas, pero la energía se consuma y genere productividad o puestos de trabajo, en otros países europeos. Estamos, una vez más, ante otra evidencia de la mala construcción de la Unión Europea, dónde los países mediterráneos, salimos perdiendo.

Sin duda las energías renovables deben formar parte del futuro ya que son fuente ilimitada, el problema viene de la forma en que se están implantando en el territorio, primando el interés económico, no de los espacios y de los municipios dónde se instalan, sino de otros lugares. Relegando de esta forma a estas zonas a una posición secundaria, mientras modifican el paisaje, la actividad agraria, formas de ocio o culturales.

Personalmente pienso que los tordesillanos y las tordesillanas fuimos muy permisivos permitiendo la construcción de un parque eólico en la Cuesta Carracastro, conozco a muy poca gente que le haya gustado y desde luego las repercusiones económicas a las arcas del ayuntamiento no hay cambiado la vida de nadie, ni han supuesto un gran avance de nuestro municipio. No permitamos que los paneles fotovoltaicos se conviertan en algo de lo que después nos tengamos que arrepentir. Desde mi punto de vista el Ayuntamiento debería dejar de conceder licencias para su implantación. La gente del Valle Esgueva así lo ha entendido, vecinos y vecinas, pero también políticos de todas las ideologías, y desde luego, tienen mi admiración por ello.

La España Vaciada y la Ordenación del Territorio

Al hablar de la España vaciada parece que hay una fotografía de la realidad clara pero que falta análisis, diagnóstico y sobran titulares.  Esto se traduce en la reducción del debate a una falta de ordenación de servicios, que siendo importante, no solucionaría el problema.  

No se puede obviar que el gran golpe para el medio rural fue la erradicación de una forma de vida vinculada al campo, con la modernización de las explotaciones, y la ausencia de una alternativa que permitiera que la gente no tuviera que abandonar el pueblo. Cierto es que el progresivo desmantelamiento de la red de servicios públicos ha agudizado el problema y  es de justicia que todos podamos disfrutarlos vivamos dónde vivamos, siendo necesarios para cualquier plan contra la despoblación en el futuro. Pero la pregunta es ¿Acaso durante años no ha habido servicios de todo tipo y los pueblos han seguido despoblándose?

Es por ello, que creo, que no se habla de cuestiones que están en esa raíz del problema como es  que para que la España vaciada se llene es necesario que la España saturada se vacíe un poco. Es decir, que las medidas no sólo deben afectar al medio rural, sino también al medio urbano, ya que muchas veces se habla de acciones sin atender a la otra realidad del problema, especialmente a las grandes aglomeraciones de población, que tendrán que aceptar actuaciones en favor de su descongestión y de flujos de población hacia pueblos pequeños, centros comarcales, o, incluso, pequeñas y medianas ciudades.

Por otra parte, se debate mucho de la prestación de servicios pero se prescinde de los planes para dotar de un cierto desarrollo el territorio que, cabe señalar, sería el gran aliciente para que esa gente, que vive en las ciudades pero que mantiene cierta vinculación los pueblos, vuelva.

Todo esto se podría resumir en la ausencia de una Ordenación del Territorio eficaz y realista, que debe tener varias líneas de actuación, porque no sólo se trata de servicios sino de generar autonomía  y capacidad de desarrollo, en función de los recursos de cada lugar, de forma coordinada y evitando competencia entre territorios, ya que si no los espacios con más dinamismo pueden volver a imponerse. Pero de lo segundo se habla poco, quizás porque es más complejo o quizás porque es chocar con una realidad amarga, porque aunque se consiguieran salvar muchos lugares hay otros dónde el proceso puede fracasar, o por lo menos una parte de este proceso.

Despoblación, Ordenación del Territorio y Mentalidad... Las claves de la España Vacía

Hoy, que parece que hay una preocupación real en la ciudadanía por las áreas más deprimidas, no sé si inducida interesadamente por los medios de comunicación, y que fruto de ello los partidos políticos lo han puesto en sus agenda políticas, lanzando propuestas de todo tipo, cabe señalar que este no es un fenómeno “nuevo” sino que es la consecuencia de un modelo de desarrollo y de muchos años de inacción alrespecto.

Tampoco es un fenómeno que no haya sido antes estudiado y analizado, así como afrontado por las administraciones públicas y la sociedad civil, con mayor o menor éxito, y alejados del foco mediático actual: Los grupos de acción local, diferentes planes regionales, foros de debate al respecto o todo el flujo de fondos estructurales de la Unión Europea que han tenido en su ejecución un impacto desigual.

Todas ellas son cosas que hay que tener presente para desarrollar estrategias futuras, que a buen seguro deben ser multiescalares, es decir desde lo más cercano (municipio, comarca…) hasta estrategias de la propia Unión Europea, deben ir en la línea de la equiparación de derechos de los habitantes vivan donde vivan y deben tratar de revertir, o cuanto menos paliar, la dinámica demográfica de flujos entre el medio rural y el urbano así como el envejecimiento y la masculinización.

Como se hace eso es la gran pregunta y dependerá de la situación particular y los recursos de cada territorio, aun así la respuesta debe estar alejada del buenismo señalando claramente que para que el medio rural deje de agonizar se debe producir una descentralización de los recursos de las ciudades a las áreas deprimidas, y eso solo se puede hacer a través de una ordenación del territorio que dote a las comarcas de capacidad y se opte por esta unidad administrativa como base para la ordenación de los servicios.

Posiblemente así fuera mucho más fácil coordinar planes de desarrollo entre personas que comparten lazos sociales más allá del municipio y generar economías de escala basadas en la puesta en valor de los recursos propios, lo que unido a una red de servicios fuerte en el medio rural: educación, sanidad y dependencia (la cual en lugares con gran envejecimiento puede ser un foco laboral importante así como una ayuda para mantener población pues impediría que mucha gente mayor tuviera que emigrar) podría contribuir a generar el dinamismo necesario para rehabilitar demográficamente estas zonas.

Ahora bien, hay que tener en cuenta otro factor como es el cultural, desde mi punto de vista el más determinante y el que más daño hace a los pueblos. Vivimos en una cultura urbana, dónde la ciudad es vendida como el lugar dónde están las oportunidades y “la vida”, mientras que el medio rural es algo visto en contraposición a esto, y eso es lo más difícil de cambiar porque el cambio de mentalidad colectiva es un proceso a largo plazo dónde hay que tocar muchas cosas, desde la educación hasta los medios de comunicación…

La Ordenación del Territorio en Castilla Y León: ¿lucha contra la despoblación o negocio?

Uno de los grandes desafíos que tiene Castilla y León, y que ni mucho menos es nuevo, es el desafío de la Ordenación del Territorio. De hecho ya nadie esconde que la actual forma de vertebrar nuestra comunidad ha sido un auténtico fracaso, de no ser así, no habría esa carencia de servicios en el medio rural y la situacióne no sería tan dramática.

Es curioso que cuando se ha puesto el grito en el cielo por la despoblación que sufre el mundo rural, cabe destacar que hace tiempo que los geógrafos lo llevan denunciando (pero claro ya sabemos el poder mediático de Jordi Evole y de los grandes titulares de periodistas), no se ha señalado como un factor clave la Ordenación del Territorio. Y es extraño, porque aunque en los debates siempre “revolotea” por el aire la OT, lo cierto es que no hay una señalización clara a esta.

Si un servidor fuera algo “desconfiado” podría pensar que es que a la agenda mediática le interesa que se hable de despoblación pero no de vertebrar el territorio de otra forma. ¿Por qué? ¿Por qué no se dice claramente que lo que hay ahora es “una mierda” y  se abre la caja de los truenos? Pues porque si el foco mediático se pone sobre la OT impediría a la Junta de Castilla y León sacar a la luz con total tranquilidad la nueva Ley de Ordenación del Territorio  que tienen en el horno (que la sacarían igual, porque a estos “se la Pela”, solo que con más problemas).

Una buena Ordenación territorial es fundamental en la lucha por la despoblación y en la construcción a largo plazo de lo que queremos ser como Comunidad Autónoma. Se trata de buscar cohesión territorial, económica y social, de dotar de infraestructuras y servicios los diferentes espacios y de explotar sosteniblemente los recursos del territorio. En definitiva, algo que está en la base de la lucha contra la llamada “demotanasia” (palabra que no me termina de gustar). Pero por el contrario la Junta de Castilla y León nos presenta una ley alejada de la realidad de la comunidad, pues omite a las comarcas tan presentes en nuestra comunidad y  donde se muestran lazos culturales, históricos y económicos. Y centra la ordenación en las llamadas Unidades Básicas de servicios del territorio. Pero al final, lo que se pretende, no es ni más ni menos que seguir la filosofía de la Ley Montoro, es decir, atentar contra el poder municipal y aplicar el principio, liberal, de las economías de escala, dónde se supone que los recursos son más eficientes si sirven a una mayor concentración de población, lo cual está demostrado que es mentira, ya  que la gestión directa de servicios por municipios pequeños saneados es más barata. Pero de esta forma, se permite que las diputaciones ganen poder, y que cada vez más servicios de los municipios sean gestionados por unos organismos de “dudoso” carácter democrático y que intentarian externalizar la gestión de estos, a través de consorcios provinciales. Por lo tanto se ve la intención de la Junta, no solo en no querer solucionar el problema de la despoblación sino en querer entregar a negocios privados los servicios al ciudadano. Se trata pues, de una ley ideológica y poco realista para afrontar los problemas de la región.

Frente a esta hay alternativas, que cuanto menos pasan por democratizar administraciones como la diputación, pero sobre todo por atender a la realidad territorial de Castilla y León y al concepto tan arraigado de comarca,  con el objetivo de dinamizar económicamente el territorio y mejorar la prestación de servicios públicos esenciales así como corregir los desequlibrios territoriales cada vez más acentuados. Para ello, no cabría otra cosa, que iniciar un proceso de descentralización de competencias desde las diputaciones a los municipios, que tendrían en las cabezas comarcales sus centros de servicios, sobre todo de aquellos servicios que afectan directamente al ciudadano. Sin olvidar, que esta prestación de servicios requeriría de una nueva forma de financiación municipal. Es decir, una nueva Ordenación Territorial que diera autonomía a los municipios y a los territorios para poder potenciar y tomar iniciativas de desarrollo rural y local atendiendo a sus potencialidades. Una forma de gestión más cercana al ciudadano, más participativa ( si se hace correctamente) y con un mayor control de estos sobre los servicios pues serían los ayuntamientos los que los gestionarían directamente.

Lo que quiero decir con esto, es que, en pleno debate sobre la despoblación, con la ley de la Junta sobre OT están, una vez más, señalando cuáles son sus prioridades, y no es la lucha contra el vaciamiento demográfico del mundo rural, ni mucho menos, sino la privatización y el negocio con los servicios públicos. Y que, esto está ocurriendo sin que haya una contestación y alarmismo de la sociedad, a pesar de que nos echamos las manos a la cabeza por un problema tan unido como es el de la despoblación. 

¿(Des)Ordenación del Territorio de Castilla Y León?

Hacía mucho que no me interesaba por la Ordenación del Territorio de Castilla y León más allá del bombardeo de noticias en los periódicos, que en este asunto más que informar desinforman pues para nada aclaran que son eso de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio (UBOST). De hecho da la sensación de que esta nueva división ha sido hecha en algún despacho de “gerifalte” de la Junta tirando de regla en plan Jacobino, sin tener en cuenta identidad, personas y vinculación de estas con el territorio.

A nuestros representantes les gusta complicarnos la vida ¿Cómo es posible que teniendo algo, que con sus indefiniciones, es “tangible” y reconocible por los ciudadanos como las Comarcas se hayan inventado este tipo de fragmentación del territorio? Creo que la respuesta es doble, por un lado pienso que desde las instituciones siempre han pensado que cuanto más complicada sea la normativa más fácil es “colárnosla” a los ciudadanos. Por otro lado, la Geografía, y por ende la Ordenación del Territorio, es una ciencia social, por lo tanto subjetiva y que se da a la utilización “ideológica”, esto se nota perfectamente en la intencionalidad de la Ley, más preocupada por la “racionalización y la estabilidad presupuestaria” que por los propios ciudadanos. Una vez más se gestiona desde la administración pensando como “empresa” y no como  servicio público.

Desde mi punto de vista, esta Ordenación Territorial, no solo no va a solucionar el caos administrativo de todo lo que tiene que ver con la gestión local, sino que está muy lejos de poder ser útil a las personas y a los pueblos del mundo rural, pues para nada los ha tenido en cuenta.

Una de las cosas que más me llama la atención es el fortalecimiento de las diputaciones. Curioso que una administración tan señalada por los ciudadanos se vea fortalecida, pero no es extraño si nos fijamos la defensa que determinados partidos políticos hacen de ellas, y de los que no, empiezo a pensar seriamente que muchos lo dicen con la boca pequeña. De hecho, al absorber funciones de municipios “no urbanos” (no necesariamente rurales), algo facilitado desde la administración general por la “ley Montoro”, estaremos ante una aumento en la “opacidad” de la gestión y una alfombra roja a la iniciativa privada y la externalización de servicios.

Para terminar me llama la atención que parece, y puede que sea así, que la Junta quiere gestionar el territorio tal y como está, es decir, no prevé solucionar el problemas a corto plazo, de ahí que solo se centre en una reordenación de servicios y no en poner en alza el valor de nuestro territorio desde el punto de vista, cultural, natural social o patrimonial, algo con lo que crear dinamismo y riqueza, incluso identidad, más allá del mundo urbano Es decir, con esta Ordenación Territorial se quiere gestionar la despoblación, no combatirla. Algo, que creo que es muy sintomático de lo cómo, desde las administraciones se creen sus eslóganes.  

Las áreas deprimidas no son patios de recreo

Ayer pasaron unos amigos, de esos que hace bastante que no ves, a verme y de paso que les enseñara algo Tordesillas, así que les hice una “ruta express” (dicho sea de paso quedaron encantados con ella XD). Mientras caminábamos me fueron preguntando sobre diversas cuestiones, una de ellas fue la famosa Meseta Sky de Villavieja del Cerro. Ya saben, ese proyecto que se basaba en construir una pista de sky en pleno secarral Castellano y que prometía ser la “revolución” socioeconómica de la zona. Mi posición desde siempre fue contraria, incluso antes que era mucho más permisivo a este tipo de cosas, me parecía un derroche y un trasvase de dinero público al bolsillo de alguien, no se trataba de ninguna ilegalidad, pero, como decía un profesor que tuve “lo que es del común es del ningún”.

El caso es que según hablábamos entramos a evaluar como este tipo de despropósitos son las únicas soluciones que se le dan a zonas en regresión económica y demográfica. Hay una cosa que desde posturas progresistas debemos entender, muchas veces los gobernantes, desde una mentalidad “desarrollista” hacen planes de desarrollo para zonas deprimidas atendiendo al corto plazo, que en la práctica es generación de empleo mientras se lleva a cabo la obra, perspectivas altas e ilusión de la gente de la zona así como un mantenimiento del empleo mientras dura la novedad del proyecto, que a medio plazo se tiene que cerrar por ser un “pozo negro”.  Este análisis desde la izquierda se hace muy bien, lo que no hacemos bien es proponer (más bien no proponer)  una alternativa y combatir estos “derroches” de dinero desde una posición de pertenencia a ese lugar y de la lucha por el cambio de mentalidad.

Dicho de otra forma, muchas veces se proponen desde las administraciones proyectos agresivos con el medio ambiente para revitalizar una zona, y una vez que la gente se ha ilusionado por la forma que se lo han vendido, se coge desde posturas ecologistas o progresistas y se lanza una campaña judicial, se realizan manifestaciones… y si se consigue parar, al final toda esta masa crítica, que en su mayoría procede de la ciudad se vuelve a sus casas y deja a los pobres “nativos” de los pueblos sin alternativa a su “desgracia” demográfica. Eso ha pasado en muchos lugares, por ejemplo, en San Glorio se iba a hacer una pista de sky, al final no se hizo y los “urbanitas” pueden ir los fines de semana a pescar.

Al final, lo que no podemos pretender es que estas zonas deprimidas sean el patio de recreo de las zonas urbanas. Dónde la gente de la ciudad va a pasar su tiempo libre desde una posición de superioridad moral, muchas veces, como si se creyeran alguien más "civilizado". Si desde posiciones progresistas queremos ser tenidos en cuenta en estas zonas debemos proponer, no solo criticar cuando lo hace la derecha, porque mientras lo hacemos a la vez estamos frustrando espectativas de los "lugareños" y se genera una imagen de "izquierda urbana" que choca en estos espacios y produce rechazo desde la mentalidad conservadora y las espectativas creadas. 

LA DIPUTACIÓN Y EL REPARTO DE RECURSOS

Uno de los grandes problemas que actualmente tiene nuestro entramado organizativo es la cuestión de una financiación de los municipios con la que poder resolver las necesidades sociales de los vecinos, y, concretamente, de los municipios más pequeños. La mayor parte de este dinero es entregado por el gobierno central a las diputaciones provinciales para que estas lo gestionen.

Esto ha generado en el pasado, y genera actualmente, en la distribución de los recursos problemas de transparencia, falta de conocimiento, partidismo, una burocracia excesiva, derroche en megaestructuras… Además, de imponerse en el reparto, criterios injustos que no tratan de revertir los desequilibrios territoriales generados por la dinámica económica y que, como mucho, tratan de dulcificarlos.

Se trata de criterios liberales, desde el punto de vista económico, e interesados, desde el punto de vista electoral, derivados de una composición de fuerzas, dentro de la institución, dónde los ciudadanos ni siquiera podemos intervenir con nuestro voto directo. El más utilizado de estos criterios, es el demográfico, es decir, dar más recursos a aquellos municipios con más población. En la práctica, son las zonas que bordean a las ciudades, es decir, el periurbano. Zonas con gran cantidad de equipamientos sociales y con un nivel de infraestructuras bastante satisfactorias que han llegado a ese número de personas debido a la absorción de recursos que, de forma natural, se genera en el mundo urbano.

¿No sería más lógico romper con ese centralismo e invertir más en aquellos lugares donde el devenir económico ha generado estragos? No es creíble la apuesta de las instituciones por combatir la despoblación cuando para ello utilizan las mismas ideas y los mismos criterios que han fracasado durante años.

Se demuestra, también aquí, la ineficacia de unos organismos señalados por la ciudadanía y que solo son útiles para los partidos políticos, y sus intereses, como herramientas de poder.

A vueltas con la Despoblación

Parece que la despoblación se está convirtiendo en un problema de primera magnitud para los representantes políticos. Ya era hora. Pero como en todo, lo primero es reconocer el problema, y como las cosas de palacio van despacio, parece que no es inmediato poner soluciones.

Me hace mucha gracia como se afronta el debate. Es cierto que desde las instituciones autonómicas, y desde las diputaciones, se hace más bien poco. Aunque también es cierto, que desde la administración local, faltan ideas y hay cierto conformismo no queriendo ir más allá.

Así que el debate sobre la despoblación se enroca de nuevo en acusaciones partidistas y entre administraciones. Una vez más, también aquí, los encargados de gestionar los recursos se ponen a pensar y solo se les ocurre echar la culpa al contrario.

El PP lleva gobernando, a todos los niveles (autonómico, provincial y local) esta comunidad durante casi 30 años (y me atrevo a decir que viendo las prioridades de la izquierda y su forma de actuar en una Castilla tan conservadora y con tanto desinterés por la política regional, van a ser muchos más años), es lógico que se pueda pensar que algo tienen que ver, y no creo que haya nadie que lo dude. Pero no es el causante de todos los males. Hay que estudiar y analizar la tendencia y los precedentes, así como comprender la realidad para ver que esto es un problema mucho más profundo.

La pregunta, viendo los datos demográficos actuales, y sobre todo la distribución de la población en la Comunidad autónoma es ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí?

Para ello hay que analizar que ha pasado desde principios del siglo XX, partiendo de nuestra posición como región interior española y con gran fuerza agrícola, es decir se ha visto muy afectado por una emigración hacia áreas más urbanas y costeras (o hacia otros países como en el franquismo o en el momento actual) y la mecanización del campo que produjo un éxodo y unas características sociales y económicas en el medio rural que son claves para entender la dinámica demográfica actual.

·         La primera mitad del siglo XX es un periodo donde el crecimiento vegetativo de Castilla y León fue mayor (con permiso de la Guerra Civil) encontrándonos en el periodo con mayor población de la historia, en contraposición con otras comunidades  autónomas donde esa situación se produjo en los primero años del siglo XXI. Aun así, hubo una emigración, más o menos homogénea sobre el territorio, que hizo que las tasas de crecimiento no fueran muy altas. Dicho de otra forma aunque la natalidad se disparó, el crecimiento no fue acusado debido a la emigración.

·         Durante el cuarto tercio del siglo XX se empiezan a producir las diferencias por regiones. Las regiones interiores empiezan a perder población en favor de Madrid y las regiones  costeras. Pero mucho más interesante es el fenómeno del éxodo rural en nuestra comunidad, fenómeno que se va a ir recrudeciendo en los años posteriores y que va a ir configurando el mapa demográfico actual. Un fenómeno que se ve impulsado por el Plan de Estabilización de 1959 produciéndose la mecanización del campo, que expulsa de las áreas rurales a muchos vecinos que acuden a las ciudades a trabajar en la industria. Produciéndose un éxodo rural regional (del medio rural a ciudades próximas industrializadas) y otro nacional (del medio rural a las grandes urbes industrializadas, ya que, no todas las provincias tenían polo de desarrollo. Esto produjo grandes problemas de planificación urbana, pero a largo plazo condenaron al olvido al campo, de hecho muchos municipios fueron desapareciendo.

·         Con la crisis de 1975 se ralentizó la emigración de gente, pero el progresivo envejecimiento de nuestra región afectó a la natalidad, con lo cual el crecimiento demográfico no se recuperó. Además, estamos en la época en la que los avances técnicos y el aperturismo de la sociedad conducen a la “segunda transición demográfica” y a un Régimen demográfico moderno en España, es decir el alargamiento de la vida (en Castilla y león envejecimiento) y la caída de la fecundidad, así como el retraso de la gestación del primer hijo.

·         A principios de siglo XXi se produce una llegada de inmigrantes de otros países que permite paliar la pérdida demográfica, así como rejuvenecer la pirámide demográfica con aportaciones de niños y personas en edad activa. Esta migración se centra más en el mundo urbano, pero también tiene su repercusión en las áreas rurales, donde se registraron incrementos de población a pesar de la pérdida de población autóctona.

·         La llegada de la crisis económica frena este proceso, y agudiza, aún más, la pérdida de castellano y leoneses a otras áreas interiores, más dinámicas, o la “emigración forzosa” a otros países. Lo que en la práctica nos devuelve a una dinámica poblacional, en valores absolutos, pero también espaciales (donde la preocupación en el medio rural debe ser prioridad), que ha sido la tónica habitual desde la segunda mitad del siglo XX.

Teniendo en cuenta lo hasta ahora mencionado, parece claro que, no podemos “regionalizar” el problema. La despoblación es un fenómeno que está interconectado con el dinamismo económico dentro de un mundo globalizado, con unos lazos históricos, con una mentalidad urbana y con una concepción de la política en forma de intereses.

Es por lo tanto un problema innato al modelo de desarrollo que tiene nuestro país, pero es un problema que se ha banalizado frente a otros, posiblemente porque las grandes áreas que sufren esta lacra, han sido silenciadas o lo han visto como algo irreversible y han normalizado la situación.

 Por lo general este problema es abordado desde instituciones y mentalidades urbanas, y por lo tanto pierden perspectiva. Se generan propuestas despóticas que carecen de análisis y de percepción del problema, y que redundan en lo mismo que durante décadas no ha funcionado y que condenan a los pueblos al olvido o a ser un parque temático para los fines de semana.

Desde luego lo que hay de manifiesto es una falta de entendimiento entre instituciones y medio rural. Traduciéndose en falta de empatía sobre el problema, falta de recursos y tiranteces. Para luchar contra la despoblación hay que comprender el lugar donde se produce y por qué, hay que escuchar a quienes lo sufren, y hay que hacerles participe de sus soluciones teniendo capacidad decisoria sobre estas. Hay propuestas para ello... pero eso ya es otro tema.

PD: hay mucho que hablar sobre este tema, esto ha sido fruto de un debate que he tenido el fín de semana (uno de muchos que he tenido), prometo seguir hablando de esto ya sea en otros post o en el mismo en cuanto tenga tiempo para profundizar en ideas, porque es fascinante las propuestas que se han desarrollado y como sociedad demuchos pueblos se resiste. Digamos que este post ha sido una toma de contacto.

Transporte y Medio Rural: Un tema pendiente

No es la primera vez, ni será la última, que tengo conversaciones con amigos sobre movilidad. Normalmente nos centramos en las ciudades, y concretamente en Valladolid por ser la que todos conocemos, y sobre todo en el uso de la bicicleta, pero hoy, no sé por qué, hemos acabado hablando del uso del transporte público en la provincia, concretamente en el medio rural.

Por cierto, dicho sea de paso, estoy harto de que haya gente que achaque “rural” a todo lo que no es urbano, me parece una división simplista realizada por alguien en una oficina de la torre más alta de Madrid. Lo digo, porque, yo, que soy de Tordesillas soy consciente de que el dinamismo de mi municipio (económico, social o demográfico) poco tiene que ver con municipios vecinos aunque esté claro que no somos una ciudad.

Pero volviendo al tema que estaba tratando, como me dijo una vez un amigo en tono jocoso “no podéis pretender tener un buen sistema de transporte en el medio rural cuando la red de carreteras está pensada para llevar a la gente de esas zonas al mundo urbano”. Joder, si lo pienso tenía más razón que un santo, aunque esa reflexión fuera fruto de algunas copas de más. Miremos el mapa, el modelo radial de carreteras no puede ser más claro ya que conecta todas las ciudades de España con “papi” Madrid, aunque se haya avanzado mucho en revertir esa situación. Mucho más acentuado si hablamos del tren.

También a menor escala se cumple esto, pues, se ha tratado de conectar los pueblos con la ciudad, con su capital, no de cohesionar el medio rural. Puedo entender que el dinamismo del mundo urbano y las fluctuaciones por carretera justifiquen esta acción, ya que económicamente es lo lógico, pero ¿y socialmente?.

Hay que entender que los municipios del medio rural tienen conexiones entre ellos, de familia o de amistades, o incluso de abastecimiento de servicios. Es decir, que desde un punto de “purismo” social, sería lógico que existiera un transporte inter-rural. Alguno se echaría las manos a la cabeza pues dada la forma de poblamiento de Castilla Y León la inversión en este sentido debería ser demasiado alta, supongo que es cuestión de prioridades.

Por supuesto, no hay que negar que sí que existe una conexión de transporte entre pueblos y centros comarcales, pero esta conexión es muy ineficaz, dando servicio a horas en las que no es necesario, incluso cara para la empresa concesionaria lo que hace que tenga que subir billetes o directamente cerrar la línea.

Es decir, como modalidad de transporte, se nos presenta el uso casi exclusivo del coche, con lo que ello supone:

•  Inaccesibilidad para la mayor parte de la población: Siendo el medio rural una zona especialmente envejecida, muchos de sus individuos no usan el coche (por no haber necesitado nunca carnet o por edad), dependiendo de familiares o de esa proximidad y cercanía entre vecinos para sus desplazamientos.
• Un hándicap para la juventud: La adolescencia es una etapa en la que necesitamos fuertemente relacionarnos con nuestros iguales, la escasa juventud del mundo rural no posee carnet de conducir y dependen de familiares en sus desplazamientos. Pero además, el hecho de desconocer el transporte público, hará más difícil un uso en la madurez.
•  La fijación del modelo de transporte privado: un modelo mediambientalmente muy agresivo y económicamente poco rentable para el bolsillo.
•   Un punto a favor del “éxodo rural”: La necesidad de cercanía a determinados servicios y la ausencia de transporte obliga a gente a tener que emigrar.

La solución a este problema no es sencilla, y desde luego no se puede tratar como algo sectorial, es una ficha más en lo que sería un proceso de reordenación de servicios. Lo que si tengo claro es que la solución pasa por un cambio de prioridades, donde desde las administraciones haya mayor sensibilidad hacia los espacios rurales, siendo incluso conveniente, un proceso de “discriminación positiva”, en la adjudicación de recursos, dado que existe una clara disparidad en el acceso a servicios (y derechos) entre pueblos y ciudades. Mal vamos si queremos solucionar el problema haciendo que los recursos destinados a los municipios más pequeños se vayan al periurbano de las ciudades, donde lógicamente, por mero dinamismo, se ha concentrado la mayor parte de la población.

La impotencia de toda una ciudad

Es triste el cierre de empresas como Lauki, no solo por el drama de la pérdida de puestos de trabajo, sino por la vinculación de este tipo de factorías con el lugar donde están implantadas, llegando no solo a generar dinamismo económico sino siendo capaces de fomentar el crecimiento demográfico de las ciudades incluso desarrollando una morfología urbana determinada.

Sin llegar al impacto de FASA Renault el cierre de Lauki y Dulciora nos muestra la impotencia de las administraciones ante unas decisiones empresariales que para nada se toman en la proximidad, sino en despachos lejanos que escapan al poder local, regional e incluso estatal. La mundialización y la desvinculación de la empresa con el espacio donde se encuentran sus factorías ha generado el aumento del poder de las grandes empresas y la incapacidad de la administración, y del ciudadano, para establecer una relación entre iguales.

No hace mucho tiempo la Junta de Castilla y León tuvo que negociar con FASA Renault su permanencia y todo el mundo con el que hablabas sabía lo que iba a pasar, “La junta soltará pasta” era lo que se decía, y así fue. Las administraciones no pueden consentir el cierre de este tipo de empresas, pues supondría un impacto económico y social demasiado fuerte sobre un amplio espacio, y esto es algo que los directivos saben bien.

Quizás todavía se pueda salvar algo del desastre que va a suponer el cierre de dos empresas con una plantilla tan alta, pero desde luego será en unas mejores condiciones para estas. Sacarán o pasta o recortes de plantilla, o las dos cosas. Si esto ocurre probablemente tenga mucho que ver la movilización popular y el miedo de los representantes.

 Aun así, me gustaría destacar la hipocresía del PP y del PSOE, que a todos los niveles han promovido un modelo empresarial sin arraigo y que chantajea a países, regiones y municipios. En Valladolid ahora tienen la oportunidad de demostrar que están en contra de esto. Señores del PP y del PSOE posiciónense en contra del TTIP por ser un tratado que no va a revertir esta dinámica.

¿DiputaciOFF?

La inteligencia nos dice que para acabar con algo primero hay que convencer de la necesidad de esa eliminación y, la verdad sea dicha, a Ciudadanos no le han puesto difícil convertir la supresión de las diputaciones en la medida estrella del ahorro económico a causa de la regeneración democrática.

El origen de las diputaciones provinciales lo encontramos en la Constitución de 1812, posteriormente, en 1833, con la delimitación territorial de Javier de Burgos, se aprueba la actual delimitación provincial con las diputaciones como su órgano de gobierno. En la transición, con la Constitución del 78, se establece que la diputación sea el organismo que debe prestar apoyo a los Ayuntamientos de las provincias, especialmente de aquellos que, por su tamaño, cuentan con menos recursos para prestar servicios a la ciudadanía. Por eso las diputaciones tienen competencias en:

·         Prestación servicios sociales: programas de empleo y formación, dependencia, apoyo a cultura y deporte, etc. que cristaliza, fundamentalmente, en la concesión de subvenciones.

·         Desarrollo y mantenimiento de infraestructuras: carreteras y nuevas infraestructuras en los municipios.

·         Cooperación jurídica y recaudación tributaria.

Sin embargo, parece evidente que, o las diputaciones no han sabido transmitir a la sociedad moderna su utilidad o, como algunos apuntan, sirven para poco o nada. Ahora que ya sabemos de qué competencias se las dotó en la Constitución del 78, vamos a analizar qué ha podido pasar para que se esté produciendo ese consenso general en torno a su eliminación:

·         Poca repercusión económica sobre la ciudadanía: las diputaciones provinciales poseen un amplio presupuesto, el conjunto ronda los 6000 millones de euros, pero de esa cuantía solo alrededor del 40% llega de facto a la gente. El resto se va, fundamentalmente, en el pago de plantillas demasiado extensas, con personal que no presta servicios directos (no hay profesorado, policía, médicos, judicatura…), y en sueldos políticos muy bien pagados.

·         Infraestructuras innecesarias: una parte importante de ese 40% se dedica a subvenciones, dependencia, asesoría, mantenimiento de carreteras… pero otra parte se dedica a la creación de nuevas infraestructuras. Hemos visto como se han realizado grandes obras cuyo resultado no ha sido el esperado o anunciado, algo que normalmente suele estar avisado por informes técnicos, pero de los que se hace caso omiso, a pesar de que su dinero cuestan, ya que muchas veces se encargan a empresas externas. Las diputaciones se convirtieron en un impulsor más de la cultura del ladrillo, por lo que se ha generado un exceso de infraestructuras, muchas infrautilizadas cuando no ilegales, que han degradado los espacios, y cuya ejecución no ha tenido coste político para sus promotores pero sí ha generado un paso de capital público a manos privadas. Y sí, España está llena de aeropuertos de Castellón.

·         Corrupción: la vinculación con el negocio del ladrillo ha conllevado, en muchos casos, una relación con el poder económico a espaldas de la ciudadanía que ha generado “sobres por debajo”. Los ejemplo más claros son los de Carlos Fabra en Castellón y Baltar en Orense; pero lo importante es que la opacidad de las diputaciones son el caldo de cultivo perfecto para generar redes clientelares.

·         Déficit democrático: los cargos públicos no son elegidos directamente por la ciudadanía, por lo que, salvo excepciones, no se rinden cuentas habitualmente. Además, existe la paradoja de que, pese a que la acción de las diputaciones tiene más relevancia en los municipios más pequeños, la mayor parte de los diputados procede de los municipios de mayor tamaño, y la mayoría de las veces los presidentes de la diputación son concejales de las grandes ciudades, que no necesitan de la diputación para nada. Las diputaciones se han convertido en un mercado de puestos; en los partidos tienen más fuerza las agrupaciones de municipios más grandes, cuando son los concejales de los municipios más pequeños los que más conocimiento tienen de las necesidades de sus localidades.

·         Mala prestación de servicios: el hecho de ser organismos tan sobredimensionados ha generado una excesiva burocratización en la prestación de servicios y en muchas ocasiones los ayuntamientos acaban asumiendo los gastos de los servicios que prestan por no enfrentarse a la maquinaria burocrática sin saber si finalmente tendrán esa concesión.

·         Son herramientas de poder político: su opacidad las hace idóneas para el “enchufismo” y el mercadeo de puestos, como acabamos de señalar. Pero además, se permite repartir el dinero con una lógica partidista, en vez de con una lógica de buenas prácticas, beneficiando así a los ayuntamientos de los partidos más fuertes.

A tenor de lo mencionado, es necesario buscar alternativas que, de una manera más eficaz, transparente y colaborativa puedan desempeñar las funciones que deberían realizar las diputaciones provinciales. Necesitamos un modelo más sostenible de prestación de servicios que debe encuadrarse en el marco de una amplia y profunda reforma de la administración donde, entre otras cosas, se eliminen las duplicidades, se produzca una segunda descentralización de competencias y se aborde, de una vez por todas, el problema de la financiación de las entidades locales (que tanto ha tenido que ver en la fiebre urbanística y por ende en la crisis actual). Y todo sin olvidar que la única garantía de que las instituciones funcionen es aumentar el poder de decisión y, por lo tanto, de influencia de la ciudadanía.

En una época que ha constado la desconexión existente entre la calle y los representantes institucionales, no resulta muy difícil convertir a las diputaciones, ya de por sí percibidas por un amplio sector de la población que procede del mundo urbano como una institución que solo vale para arreglar carreteras, en el origen de todos los males por el mal funcionamiento que de éstas se ha hecho. Pero no caigamos en la trampa, éste no puede ser el argumento que justifique su desaparición: los casos de corrupción que están ensuciando nuestra democracia no pueden ser el argumento que exija acabar con ésta.

Por eso proponemos dos alternativas:

·         Transformación de las diputaciones provinciales siguiendo el modelo de las diputaciones forales: dotar de más competencias a la diputación, incluyendo capacidad tributaria para autofinanciarse, y convertirlas en organismos con elección directa de sus cargos y, por lo tanto, aumentar el control ciudadano sobre éstas. Esto no supondría un cambio en la percepción del ciudadano sobre el área de influencia de la diputación, ya que las provincias están completamente asumidas, pero siguen sin conseguir una interacción regular del representante con el ciudadano, ni siquiera con los ayuntamientos, lo que puede no cambiar el sentimiento de lejanía y puede seguir sin solucionar los problemas más cotidianos.

·         Comarcalización: generar un entramado de gestión basado en el establecimiento de lazos de proximidad, de relación entre municipios, de homogeneidad del entorno que permita un mayor contacto con las necesidades del territorio, puesto que alcaldes y concejales tendrían más poder de decisión para actuar con más eficacia en el camino de la cohesión social y de la generación de dinamismo económico. Lógicamente esto daría más fuerza a las cabeceras de comarca y generaría un progresivo vaciamiento de las competencias de las diputaciones, caminando hacia su desaparición. Para nosotros es la opción más lógica porque acerca la gestión a la ciudadanía; de hecho, la Ley de Régimen Local de Castilla y León de 1988 ya permite a los municipios asociarse en mancomunidades con el objetivo de garantizar los servicios básicos de los vecinos, y la mayoría de los pueblos han mostrado ya su interés por esta opción, aunque esta organización haya sido desordenada y poco efectiva en términos generales.

Existen también propuestas como la fusión drástica de municipios, que es algo que obvia la realidad de distribución de la población, sobre todo en Castilla y León.

Así pues, podemos decir que estamos de acuerdo en la desaparición de las diputaciones, siempre y cuando la alternativa sea más democrática y cercana a la ciudadanía. Los números gordos no nos valen, la economía sabe hablar de déficits y superávits, pero no de vertebración del territorio ni cohesión social. Por eso, cuando hablamos de descentralización de competencias tampoco hablamos de que las actuales competencias de las diputaciones pasen a las comunidades autónomas sino a los municipios. Cuanto más lejos están las instituciones de las personas menos personas son éstas y más cuentas de resultados. En una comunidad autónoma como Castilla y León, con 2248 municipios, el contacto cotidiano con los problemas de las personas será todavía más complejo de lo que resulta en el sistema actual, máxime si tenemos en cuenta que solo 35 municipios superan los 5000 habitantes. En el mejor de los casos podemos esperar que los municipios grandes se coman a los más pequeños.

Permítannos el escepticismo, pero ante el firme propósito de la eliminación de las diputaciones no se han presentado más que vagas alternativas como el sonoro nombre “consejo de alcaldes”, y la experiencia de los municipios pequeños con las instituciones grandes, en Castilla y León con la gestión de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio, y a nivel estatal con la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, popularmente conocida como Ley Montoro, nos da señales de que lo que quieren los grandes para los pequeños es su desaparición porque suponen más problemas, gastos y quebraderos de cabeza que beneficios.

Por eso tengamos muy claro, mundo urbanita, que cuando hablamos de nuestros pueblos y los órganos institucionales que les sirven de apoyo, la sostenibilidad que tenemos que valorar no es la económica, sino la social. Y tengamos también claro que, cuando hablamos de pueblos, hablamos de los municipios del medio rural, no de la grieta que ha aprovechado el mundo urbano para desarrollarse a costa del presupuesto de los pequeños municipios.

Parece evidente que, pese a que las diputaciones provinciales no están diseñadas para ser todo lo eficaces que deberían ser, mientras existan se las puede sacar partido. Así que nada justifica el inmovilismo de los cargos públicos que ven en ese sillón poco más que un sueldo fijo todos los meses: son lugares desde los que se pueden impulsar proyectos innovadores sobre el territorio que fomenten un cierto crecimiento y fijación de población, pero para ello hay que tener voluntad y conocimiento del entorno.

Virginia Hernández

Juan Francisco Rodríguez