La Ordenación del Territorio en Castilla Y León: ¿lucha contra la despoblación o negocio?

Uno de los grandes desafíos que tiene Castilla y León, y que ni mucho menos es nuevo, es el desafío de la Ordenación del Territorio. De hecho ya nadie esconde que la actual forma de vertebrar nuestra comunidad ha sido un auténtico fracaso, de no ser así, no habría esa carencia de servicios en el medio rural y la situacióne no sería tan dramática.

Es curioso que cuando se ha puesto el grito en el cielo por la despoblación que sufre el mundo rural, cabe destacar que hace tiempo que los geógrafos lo llevan denunciando (pero claro ya sabemos el poder mediático de Jordi Evole y de los grandes titulares de periodistas), no se ha señalado como un factor clave la Ordenación del Territorio. Y es extraño, porque aunque en los debates siempre “revolotea” por el aire la OT, lo cierto es que no hay una señalización clara a esta.

Si un servidor fuera algo “desconfiado” podría pensar que es que a la agenda mediática le interesa que se hable de despoblación pero no de vertebrar el territorio de otra forma. ¿Por qué? ¿Por qué no se dice claramente que lo que hay ahora es “una mierda” y  se abre la caja de los truenos? Pues porque si el foco mediático se pone sobre la OT impediría a la Junta de Castilla y León sacar a la luz con total tranquilidad la nueva Ley de Ordenación del Territorio  que tienen en el horno (que la sacarían igual, porque a estos “se la Pela”, solo que con más problemas).

Una buena Ordenación territorial es fundamental en la lucha por la despoblación y en la construcción a largo plazo de lo que queremos ser como Comunidad Autónoma. Se trata de buscar cohesión territorial, económica y social, de dotar de infraestructuras y servicios los diferentes espacios y de explotar sosteniblemente los recursos del territorio. En definitiva, algo que está en la base de la lucha contra la llamada “demotanasia” (palabra que no me termina de gustar). Pero por el contrario la Junta de Castilla y León nos presenta una ley alejada de la realidad de la comunidad, pues omite a las comarcas tan presentes en nuestra comunidad y  donde se muestran lazos culturales, históricos y económicos. Y centra la ordenación en las llamadas Unidades Básicas de servicios del territorio. Pero al final, lo que se pretende, no es ni más ni menos que seguir la filosofía de la Ley Montoro, es decir, atentar contra el poder municipal y aplicar el principio, liberal, de las economías de escala, dónde se supone que los recursos son más eficientes si sirven a una mayor concentración de población, lo cual está demostrado que es mentira, ya  que la gestión directa de servicios por municipios pequeños saneados es más barata. Pero de esta forma, se permite que las diputaciones ganen poder, y que cada vez más servicios de los municipios sean gestionados por unos organismos de “dudoso” carácter democrático y que intentarian externalizar la gestión de estos, a través de consorcios provinciales. Por lo tanto se ve la intención de la Junta, no solo en no querer solucionar el problema de la despoblación sino en querer entregar a negocios privados los servicios al ciudadano. Se trata pues, de una ley ideológica y poco realista para afrontar los problemas de la región.

Frente a esta hay alternativas, que cuanto menos pasan por democratizar administraciones como la diputación, pero sobre todo por atender a la realidad territorial de Castilla y León y al concepto tan arraigado de comarca,  con el objetivo de dinamizar económicamente el territorio y mejorar la prestación de servicios públicos esenciales así como corregir los desequlibrios territoriales cada vez más acentuados. Para ello, no cabría otra cosa, que iniciar un proceso de descentralización de competencias desde las diputaciones a los municipios, que tendrían en las cabezas comarcales sus centros de servicios, sobre todo de aquellos servicios que afectan directamente al ciudadano. Sin olvidar, que esta prestación de servicios requeriría de una nueva forma de financiación municipal. Es decir, una nueva Ordenación Territorial que diera autonomía a los municipios y a los territorios para poder potenciar y tomar iniciativas de desarrollo rural y local atendiendo a sus potencialidades. Una forma de gestión más cercana al ciudadano, más participativa ( si se hace correctamente) y con un mayor control de estos sobre los servicios pues serían los ayuntamientos los que los gestionarían directamente.

Lo que quiero decir con esto, es que, en pleno debate sobre la despoblación, con la ley de la Junta sobre OT están, una vez más, señalando cuáles son sus prioridades, y no es la lucha contra el vaciamiento demográfico del mundo rural, ni mucho menos, sino la privatización y el negocio con los servicios públicos. Y que, esto está ocurriendo sin que haya una contestación y alarmismo de la sociedad, a pesar de que nos echamos las manos a la cabeza por un problema tan unido como es el de la despoblación.