2020: La pandemia como excusa

 

2020 será un año que no olvidaremos, no sé si en el futuro lo miraremos con cierta nostalgia, pero si algo ha proporcionado (y aún en ello estamos) la pandemia del COVID 19, es tiempo: para estudiar, para analizar, para reflexionar, para observar aunque fuera a través de la pantalla del ordenador…

Las redes sociales y los grupos de whatsapp han ardido con bulos, artículos y comentarios de todo tipo, pero que en conjunto te permitían hacerte una composición de la realidad de nuestro país, dónde, se está librando una batalla entre quienes han votado a la mayoría parlamentaria que sostiene al actual gobierno, y que, en mi opinión, representan los intereses de la mayoría social, y quienes apoyan los discursos y posturas, a veces contradictorias, del PP y VOX.

El grado de agresividad asusta, pero no es casualidad que ocurra con el actual gobierno que pone sobre la mesa muchas de las reformas sociales y laborales exigidas desde los movimientos sociales. La derecha española nunca ha llevado bien no tener el poder político pero si además desde la izquierda se cuestionan los privilegios de unos pocos son como perros enrabietados. Al final todo se reduce a un choque de intereses entre oligarquía y mayoría social, ósea a una lucha de clases.  Nos equivocamos, por tanto, si circunscribimos la situación de tensión política actual exclusivamente a la pandemia.

Lo que ha generado la coyuntura sanitaria  es sometimiento del estado a un gran estrés dejando sus vergüenzas al aire, lo que ha provocado una necesaria y rápida actuación por parte del ejecutivo actual en favor de las clases sociales más desfavorecidas. Es decir, una aceleración del programa de gobierno a favor de esa mayoría social. Esto es algo totalmente diferente a la reacción que hubo con la crisis económica de 2008, aún así, todo hay que decirlo, esta vez hemos contado con la colaboración de la Unión Europea, quizás porque la pandemia ha afectado a todos.

El adelgazamiento del sector público durante años de Tercera vía por parte del PSOE o de recortes en la gestión de la crisis de 2008 son los que han provocado esas vergüenzas del estado, es decir, esa dificultad de la administración pública por cubrir las necesidades de los más desfavorecidos y por lo tanto, esa falta de reacción y fuerza a la hora de abordar las consecuencias de la pandemia. Por ello me parecen tremendamente hirientes los ataques de la derecha de este país, propios de quienes no tienen discurso ni alternativa pero tienen que tensar la cuerda de alguna forma.

De todo ello la covid 19 ha dejado muchos ejemplos: la falta de capacidad sanitaria para atender a un número importante de pacientes, la falta de inversión para solucionar problemas derivados de un planeamiento urbano que a mediados del siglo XX permitió hacinamiento en los barrios obreros, la falta de inversión en educación para impedir grandes ratios de alumnos, la falta de inversión en dependencia… En definitiva la falta de apuesta financiera en toda una serie de políticas encaminadas a garantizar los derechos de todas las personas independientemente de su poder adquisitivo, es decir, des su clase social.

Desmontando los Bulos sobre la Ley Celaá

El Congreso de los Diputados ha aprobado “La reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE)”, denominada “Ley Celaá”, siendo la octava reforma educativa de la democracia y sustituyendo así a la “Ley Wert” que tanta contestación tuvo por parte de la comunidad educativa.

El principal inconveniente del que sufre  esta ley, como el resto de sus predecesoras, es la falta de consenso entre las principales fuerzas de gobierno, es decir entre el PP y el PSOE, lo que impide un gran pacto sobre uno de los temas centrales sobre los que debe girar el futuro de un país: La Educación. Esto, en la práctica, condena a la denominada “Ley Celaá” a una corta duración de tiempo, pues cuando el gobierno cambie será sustituida por otra “a medida” del que ahora es el principal partido de la oposición.

Aún así, no conviene olvidar y desmentir muchos de los argumentos en los que se ha basado la campaña de desprestigio hacia la nueva ley. Muchos de ellos introducidos con noticias falsas, que se reproducen en las redes sociales

1-      El castellano no desaparece de la educación: Se ha atacado la ley señalando que “borrará” el castellano de la educación en las comunidades con más de una lengua materna, pero en la ley lo que dice, literalmente, es:  “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable.” Y en la Constitución Española  pone, en su artículo 3, que   “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla” y además que “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Por lo tanto, la nueva propuesta educativa señala, sin necesidad de hacerlo (porque jerárquicamente la Constitución es superior y, por lo tanto,  ninguna ley puede contravenirla), que la enseñanza en castellano está asegurada en todo el país, tengamos, o no tengamos, lengua cooficial.

2-      La ley no propone acabar con los centros de educación especial: Otro de los bulos, que han corrido cómo la pólvora, es el intento por eliminar los centros de educación especial, pero en el texto legislativo pone lo siguiente: “El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros Ordinarios.” Es decir, lo que se pretende es que, sin detrimento de que los jóvenes puedan asistir a los centros de educación especial si las familias así lo quieren, haya recursos para que los centros de educación ordinaria tengan las condiciones para poder aceptarlos.

3-      No se va a cerrar la educación concertada: La educación concertada seguirá existiendo, pero se establecerán medidas encaminadas a corregir la distribución del alumnado desfavorecido entre las redes pública y concertada, que ahora se matricula de forma desproporcionada en la primera. Intentando evitar, así, que la concertada se convierta en un tipo de educación elitista, frente a una pública dónde vayan la totalidad de los hijos de los hogares con menos renta o con necesidades especiales. Esto viene regulado en al artículo 87 de dicha ley: “Con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades, las Administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza. Para ello, establecerán una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados y garantizarán los recursos personales y económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho apoyo. Asimismo, establecerán las medidas que se deban adoptar cuando se concentre una elevada proporción de alumnado de tales características en un centro educativo que irán dirigidas a garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad de todos los alumnos y alumnas” y para garantizar esto, la ley señala: “Para facilitar la escolarización y garantizar el derecho a la educación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo las Administraciones educativas deberán reservarle hasta el final del período de preinscripción y matrículas, derivadas tanto de la evaluación ordinaria como extraordinaria, una parte de las plazas de los centros públicos y de las autorizadas a los centros privados concertados. Dicha reserva podrá mantenerse hasta el inicio del curso escolar.”

En definitiva, pese a las carencias que pueda tener la nueva propuesta educativa, entre las que destaco la arriba señalada, ósea la falta de consenso, lo que queda claro es que las principales críticas a la ley, por parte de los movimientos conservadores, se basan en mentiras y atacan a los principios de inclusión social y económica que deben primar en la educación, porque la escuela es un lugar dónde se iguala a los jóvenes dando igual sus condiciones socioeconómicas, su raza, su religión o su género.

El principal problema es cómo está calando un discurso de “engaño” al que algunos tienen que recurrir porque, saben, que desde la razón y la verdad no pueden criticar dichos aspectos de la ley y lo peor de todo es como, desde las agrupaciones locales de los partidos políticos conservadores, reproducen este falso argumentario que les envían desde las cúpulas intentando manipular así a los vecinos y vecinas de los diferentes pueblos. 

EL ALLANAMIENTO NO ES OCUPACIÓN

Hay mucho interés, por parte de medios de comunicación y partidos políticos (posiblemente presionados por intereses económicos) en mezclar dos conceptos que están relacionados pero que legalmente soy cosas diferentes, que responden a la vulneración de derechos diferentes y que tienen respuestas diferentes por parte de la administración.

Se esfuerzan en programas sensacionalistas, con tertulianos mal informados (o con una mala intencionalidad), en hacer creer a nuestras abuelas que si salen de la casa, donde viven, van a meterse a vivir en ella y no va a poder entrar hasta que meses después haya una resolución judicial.

Eso es una falacia, y si de verdad ha pasado, la policía ha actuado mal. Según el artículo 202.1 del Código Penal, el delito de allanamiento de morada se traduce en que “el particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años“. Y la respuesta es rápida ya que la policía puede actuar para desalojar a quien está en el interior de la vivienda y las penas previstas son de prisión. La clave es la palabra morada, es decir "lugar donde se habita" según la RAE (la importancia de conocer las palabras. Por lo tanto se proteje el derecho a la vivienda y a la intimidad. Es decir no puede haber un oKupación (o usurpación) en una primera vivienda y por lo tanto, nadie tiene que esperar a una resolución judicial para volver a entrar, sencillamente a que actúe la policía, lo cuál es algo rápido.

La Okupación (o usurpación), por su parte, está regulada en el artículo 245.2 del Código Penal: “El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses“. Es decir, un lugar donde no hay morador, ósea persona que viva, por lo tanto aquí se protege el derecho a la propiedad privada. Aquí es dónde el desahucio necesita orden judicial y se resuelve con una multa.

Durante la crisis del 2008, y aún hoy continúa, salían imágenes de gente parando deshaucios, no allanamientos, de personas que se quedaban en la calle porque no podían pagar, en la mayoría de las veces, la hipoteca al banco ¿Quién sería el gran beneficiario si de pronto se igualaran los tipos penales? Imaginemos una hipotética crisis económica, dónde las familia humildes vean reducidos los ingresos y no puedan pagar la renta o la hipoteca al banco y sean echados de sus viviendas del día a la noche. Imaginemos el drama de esa gente por el beneficio de unos pocos. Y creo que, ahí, hay que encuadrar la propuesta del vicepresidente del gobierno (que diga una cosa o la contraria lo van a criticar siempre, dicho sea de paso)

Es cierto, que también es okupación el dejar de pagar el alquiler de la segunda vivienda de una familia que, por el motivo que sea (ahorros, herencias...), tienen una vivienda con la que poder sacar algo de dinero. Evidentemente, a eso hay que darle también una solución, no quiero que se entienda esto como la privación de derecho a la propiedad privada de gente normal, pero sí cómo una reflexión del derecho a la vivienda y de como se mezclan cosas para favorecer a unos pocos utilizando de pantalla a quienes tienen dos viviendas para beneficiar a todo el sistema bancario.

De toda esta situación, lo que más me molesta, es la actitud de los medios de comunicación. Inventándose un problema, confundiendo derechos intencionadamente, favoreciendo una desinformación de la ley y, lo peor de todo, asustando a viejas.

Se podrá por lo tanto estar a favor de que se regulen los desahucios o no. Yo, por ejemplo, soy partidario de garantizar el derecho a la vivienda, cosa que no se haría si se igualaran los tipos penales de allanamiento y usurpación. Pero lo que no se puede permitir es la actitud de ciertos periodistas mintiendo y desinformando a sabiendas y con total impunidad.

El interesado debate sobre la "Okupación"

 

Los medios de comunicación no son “hermanitas de la caridad”, son empresas con sus intereses económicos que se ven sacudidas por decisiones políticas o por coyunturas económicas, lo que tienen a su favor es que, con sus líneas editoriales, pueden orientar la opinión de la población hacia posturas beneficiosas para ellos, a veces incluso van más allá.

La última campaña al respecto tiene mucho que ver con intereses económicos y derecho a la vivienda. Hablo de los mal llamados Okupas, digo mal llamados porque nunca el movimiento Okupa pretende quitar la vivienda a nadie, es un movimiento que denuncia que actúa sobre locales vacíos, no sobre viviendas habitadas, pero se ha confundido intencionadamente con el allanamiento de morada y así los intereses económicos matan dos pájaros de un tiro. Dicho de otra forma, no es lo mismo que en la televisión salga que un grupo de personas ha okupado un local vacío, que es fruto del “lavado” de dinero negro, y dónde hacen actividades sociales, a que te digan que un grupo de personas se han metido en la casa de una familia. Los conceptos y la finalidad son diferentes, pero las televisiones los malinterpretan a propósito, mezclan un acto solidario y reivindicativo que busca un beneficio colectivo con un acto egoísta que busca beneficio privado. 

Personalmente no sé cuántos de nosotros conocemos allanamientos de morada, pero según el ministerio del interior en 2019 había 19 diarios. Los problemas hay que afrontarlos, desde luego, pero viendo la sobreexposición mediática y comparando los datos con otro fenómeno relativo a la vivienda, cómo es el de los desahucios (162 al día en ese mismo año), uno, que desconfía de los medios de comunicación, no puede sino dejar de pensar que hay intereses detrás. Y los hay, claro que los hay, el miedo es un sentimiento que genera negocio, de hecho las empresas de seguridad han multiplicado sus beneficios. Pero esto no queda ahí, ¿Cuántas veces lo bancos han pedido leyes de desahucio más rápidas para dejar a la gente en la calle? Eso queda mal decirlo en televisión.

La última crisis económica puso de manifiesto una confrontación entre derechos sociales, en este caso derecho a la vivienda, y el sistema económico. Dónde claramente el activismo había puesto la problemática de los desahucios en la primera línea de reivindicación. Lo que está pasando es que, sencillamente, el bando contrario, se está moviendo. Están realizando una jugada maestra (para ellos): demonizas un movimiento de protesta, generas miedo, fruto de este haces negocio, presionas para cambiar una ley que es molesta para el poder económico y de paso le cargan el muerto a un gobierno que les genera malestar.

Si es que con dinero se puede hacer todo.

El retorno de los olvidados

Durante gran parte de mi vida me pregunté donde estaba la clase obrera de la que tanto me habían hablado de pequeño y de la que, por pura curiosidad, empecé a leer en los libros al final de mi adolescencia. Algo que me sirvió para debatir con algunos amigos y compañeros de carrera en su momento, pero que, fuera de ese contexto, no encajaba con la realidad que veía. Por ello siempre me preguntaba ¿Dónde están?, efectivamente, estar estábamos, pero necesitábamos recordar quiénes somos y de dónde venimos.  

Si hace unos años, justo antes de la crisis del 2008, preguntabas a una persona de que clase se sentía, automáticamente, salvando algún grupo de irreductibles, te decía clase media, ya fuera un médico, un albañil, un mecánico o el jefe del taller, cuando 20 años antes los trabajadores estaban parando fabricas y plantándose contra la reconversión de la industria que era el sector más importante en el país.

Posiblemente aquellas huelgas triunfaron en el momento pero era difícil mantener el pulso en el futuro. La cuestión es que, al final, aquella masa de trabajadores que se aglutinaban en torno a la producción industrial y que tenían un sentimiento de identidad colectivo se fue disgregando fruto de la tercearización de la economía y de la pérdida de fuerza de la Industria, que también significó una progresiva ineficiencia de los movimientos sindicales a la hora de afrontar los grandes cambios económicos y laborales, posiblemente porque al cambiar la sociedad no supieron amoldarse.

Esta tercearización estaba relacionada con la globalización, lo que implicaba que la economía iba poco a poco a rebasar las fronteras y los límites nacionales, o lo que es lo mismo, que las grandes decisiones económicas se alejaban de los países y escapaban por lo tanto al poder político, más allá de determinados ajustes que no suponen un gran cambio. Supone, por lo tanto, entregar la soberanía económica a órganos supranacionales que no están controlados por los ciudadanos.

Paralelamente a esto también la clase obrera perdió su identidad, nos empezaron a convencer de que todos éramos clase media, al fin y al cabo las grandes conquistas del pasado habían conseguido una serie de derechos que homogeneizaban la situación socioeconómica y donde prácticamente todo el mundo tenía opción de tener un piso, un coche y una casa en la sierra.

Una vez puesto en marcha esto, y por lo tanto, entregada a fuerza externas la organización económica, las grandes diferencias entre los partidos se redujeron y pasaron a ser de índole exclusivamente cultural, centrándose en los reclamos de identidad sexual, de género, nacionalista… temas que habían estado en una segunda posición y de pronto se ponían de relieve. Esto tuvo unos efectos positivos pues se avanzó en derechos que hasta entonces no se consideraban importantes. Pero se centró la política en el debate cultural y nos olvidándonos de la parte económica, y desligar diferentes identidades de la raíz económica que genera la desigualdad provoca la división de una masa social que compartía una problemática común.

No fue, probablemente hasta el estallido de la crisis de 2008, y  sobre todo a partir del 2011,  cuando eso se rompe, cuando una sociedad que había mirado al futuro de forma entusiasta ve truncadas sus aspiraciones y ve cómo aquello que no se ponía en cuestión, como es la economía, es lo que generó la situación de malestar.

El problema surge cuando el sistema político no da alternativa. Nadie con fuerza en los gobiernos  ofrecía un proyecto con garantías, en parte por agotamiento y descrédito, en parte por el yugo de la UE. Todo ello deriva en una fuerte frustración que se transforma en indignación y estalla en el famoso 15-M abriendo un ciclo de impugnación del sistema que se cierra con la ruptura del bipartidismo y la entrada en las instituciones de un partido, como es PODEMOS, en un principio como canalizador de la protesta, pero con fuerte "filosofía" progresista en su base. Pero en realidad, en todo este proceso, lo que ha ocurrido es una vuelta de la sociedad al debate económico, a las relaciones entre el capital y el trabajo. Y por lo tanto, un cuestionamiento de la clase media que ya no representa a tanta población, pues muchos se han caído de ella. La pregunta es ¿a dónde? Pues a engrosar las filas de la clase obrera, ya sea por motivos económicos, o por  de recuperación de esa identidad.

En el momento de crisis actual, dónde una pandemia ha generado la caída de la economía, hace que muchos miremos con miedo a la crisis del 2008 y a las políticas de austeridad que se tomaron. Pero ni las circunstancias  internacionales son las mismas ni los propios partidos de izquierda son los mismos. Los debates económicos son de gran calado, incluso dentro del propio gobierno del país, algo que en el 2008 era impensable.

Estos debates tienen dos posturas.

- La primera sigue una línea de tradición liberal, o de ortodoxia económica, en sintonía con las políticas que triunfaron en los 90 y que se impusieron cómo fórmula para solucionar la última crisis, de la cual fueron causa, suponiendo un gran drama social para las capas bajas de la sociedad en muchos países de la periferia europea, en beneficio, por supuesto, de las más altas.

-La segunda, por su parte, enlaza con la tradición de esa izquierda de los años 80, con una fuerte identidad de clase y un fuerte contenido ideológico. Los miembros que representan en esta corriente fueron miembros de las protestas "anti-austeridad" del 2011 pero son hijos de la tradición obrerista que ha conseguido tantos éxitos para la gente de abajo.

Que esos ministros y secretarios de estado estén hoy ahí es fruto de la recuperación de la identidad de clase surgida como consecuencia del fracaso del modelo económico de la última década del siglo XX y principios del XXI. Se trata de un hecho que puede marcar la gran diferencia en esta crisis, pues fueron parte de la contestación social de la pasada y forman parte de esa gran masa "repolitizada" que recupera el sentimiento de clase perdido. 

Los debates y las propuestas están volviendo a ser de profundidad, posiblemente porque la crisis que estamos atravesando lo requiera, pero eso deriva en fuertes tensiones sociales y en constantes intentos por desestabilizar el gobierno. Hay que tener presente la fuerza que tenemos, tanto en las instituciones, como en la calle, pero sobre todo de donde venimos, y aunque creamos que podemos conseguir más, yo pediría, esa conciencia de clase en el momento actual, porque si sale bien todos nos vamos a beneficiar.

De aquellos polvos...

En todo el “jaleo” mediático surgido en torno al coronavirus a veces se olvida, posiblemente intencionadamente,  el “por qué” estamos confinados en nuestras viviendas: para que no colapse el sistema sanitario.

Todos los gobiernos del mundo desarrollado están teniendo que realizar medidas de contención y protocolos para evitar una propagación muy rápida del virus. Medidas cuya “filosofía” puede ser la acertada pero que a veces tienen una normativa imprecisa, carecen de recursos o debían haberse realizado antes.

El problema surge cuando, esto, que no es más que la punta del iceberg, ocupa las tertulias, artículos de opinión e informativos de los principales medios de comunicación, obviando una realidad que va mucho más allá y que puede llegar a explicar mejor la coyuntura actual.

No se habla de la situación de la sanidad, una de las claves del momento, cuando según la organización mundial de la salud deberíamos tener entre 800 y 1000 camas hospitalarias  por cada 100.000 habitantes y, según los últimos datos de Eurostat, tenemos 297. En el mismo sentido, según datos de la OCDE, España solo tiene 5,74 profesionales de enfermería por cada mil habitantes, mientras que Alemania o Francia rondan los 10 por mil, lo que supone 1,5 enfermeros por doctor, cuando en la media de la UE es de 2,7.

No nos podemos olvidar tampoco de la falta de material sanitario, de cómo en España hemos tenido que comprar recursos en unas redes internacionales actualmente saturadas, dónde domina la especulación. Mientras nuestros suministradores tradicionales, Alemania o Francia, con excedentes, han prohibido la venta saltándose, una vez más, toda idea de “solidaridad europea”. Todo esto sin ser capaces nosotros de producir fruto de la política de “reconversión” industrial de los años 80 que  nos convirtió en consumidores de los países centrales de Europa, los que ahora nos niegan la ayuda.

No es el momento

Me había propuesto no escribir ninguna valoración con tintes políticos sobre el momento actual, no quería rebajarme al nivel de nuestra “clase” política (digo “clase” siendo conocedor de lo que significa este término) y entiendo que este no es el momento para tirarnos trastos a la cabeza (pido perdón, por lo tanto, por escribir en este momento esto, pero es que me está molestando mucho el debate). Además, hablando de cabezas no la tengo para aguantar esa “crispación” reaccionaria, más pasional que racional, que se puede atisbar en las redes sociales.

Esta “parrafada” lo único que pretende es quedar bien conmigo mismo, si molesta a gente pido que lo digáis con respeto. Creo en el eje izquierda-derecha, con sus matices y nuevas formas, opino que todos tenemos algo que nos identifica en mayor, o menor proporción con uno de esos dos términos. Todos tenemos mayor o menor afinidad por una ideología lo que se traduce en apoyo a determinados partidos, si no electoral, sí sociológico, participando de las opiniones de uno u otro lado (si amigos y amigas, el ser “apolítico” no existe) y, por supuesto, alimentándolas. Pero dicho lo cual, a mí siempre me ha molestado mucho la falta de autocrítica y defensa a ultranza de determinadas prácticas en función de la afinidad, muchas veces diciendo una cosa y la contraria.

Una vez más la crisis está sirviendo para que no estemos nadie a la altura. Desde luego empezando por los ciudadanos, que viendo los datos de denuncias por saltarnos la cuarentena, está claro que nos vamos a extinguir por “gilipollas”. Pero siguiendo por los representantes políticos, supongo que por aquello de que se parecen al pueblo al que representan. Ha surgido un debate, alimentado por los grandes partidos (esos cuyos miembros hacen el teatrillo en la tribuna del congreso poniéndose a parir y luego de risitas tan amigos mientras “la plebe” en la calle, o en las redes sociales, se crispa), cierto es que por unos más que por otros, sobre quien tiene la culpa de esta crisis, con dos posturas, que, en mi opinión, son las dos caras de la misma moneda, pero claro, dependiendo quién sólo se pone énfasis en una.

Por una parte tenemos la responsabilidad en la gestión. Sin entrar a valorar el decreto del estado de alarma, que creo que es bueno, aunque le falta contenido que se irá completando (aunque si lo hubieran completado desde el principio nos evitaríamos quebraderos de cabeza), creo que nadie puede negar que el gobierno ha llegado tarde a poner medidas contundentes para frenar la “pandemia”, alguno podrá decir que como todos los países de Europa, pero eso no habla bien ni de nosotros ni de todos los demás gobiernos europeos. Es cierto que es una situación excepcional, muy nueva, y que si se hubieran tomado medidas antes, probablemente la gente no lo hubiera entendido, pero el gobierno está ahí para tomar esa decisión por dura que le parezca. Esto es una certeza, molete a quien le moleste.

Por otra parte, están los recortes en sanidad. Es una evidencia que la sanidad pública ha sufrido una terrible devaluación desde 2009, desde los años de la criss, de hecho en la comunidad de Madrid se han perdido según datos del Servicio Madrileño de Salud, se han perdio más de 3000 profesionales. Además, como en todas las administraciones, ha aumentado la temporalidad (hasta el punto de incumplir la normativa Europea). En el mismo sentido, según el ministerio de sanidad, España destina un 5,9 de su PIB de gasto sanitario, mientras la media de la UE es del 7,5%, siendo del 2009 del 6,77 % y dónde, Catalunya destina sólo el 3,9% (luego lo tapan con campañas independentistas). Es decir, toda una serie de datos que hacen imposible negar los recortes sanitarios, en un momento en el que, pandemia aparte, es necesaria una mayor inversión dado el grado de envejecimiento de la población. Aún así, con esto no quiero decir que, de no haber habido recortes no estariamos en la situación de “colapso sanitario” actual, dado que ningún sistema sanitario está preparado para una pandemia. Ahora bien, no es lo mismo contar con 2000 efectivos más que con 2000 efectivos menos (y lo mismo con material sanitario).

En conclusión, se están entrelazando dos debates que, en función de cual es la afinidad política se realza uno u otro. Además se están realizando como arma arrojadiza, de una forma muy violenta, en un momento en que no necesitamos crispación. Cuando pase todo esto será el momento de hablar, de aprender de los errores y de mejorar nuestra sanidad pública y la fuerza de los recursos del estado, ya que al final cuándo hay problemas es el que nos proteje. 

De asaltar los cielos a gobernar con la "casta"

No hace tanto PODEMOS surgió como algo nuevo aprovechando la ola de indignación del 15M, hoy forma parte de un gobierno de coalición presidido y con mayoría de carteras del PSOE, partido más representativo del modelo surgido con la Transición.

La pregunta entonces es ¿Qué ha pasado? Algunos dirían que en PODEMOS se han hecho mayores, y posiblemente sea verdad, pero desde mi punto de vista lo que han cambiado son las circunstancias. No estoy seguro de que el ciclo de impugnación abierto por el 15M se haya cerrado, de hecho creo que la crisis territorial abierta por Cataluña que, ha supuesto el crecimiento del nacionalismo español, lo ha reorientado hacia posiciones más conservadoras quitando del foco mediático los problemas sociales que aún siguen existiendo y que siguen en la base del descontento.

A partir de aquí podemos señalar errores cometidos, y  posteriormente magnificados por los medios de comunicación, como problemas en la organización interna, alianzas con otros partidos (opinable), decisiones personales que podrían tacharse de hipocresía, luchas internas… pero no se puede perder la perspectiva de que la orientación del descontento que dio origen a PODEMOS ha cambiado.

Frente a esto tenemos un PSOE que se ha rearmado, con turbulencias internas (el PSOE es un partido que las absorbe muy bien), pero que ha sabido recomponerse. Por lo tanto ya es imposible ese “sorpasso”

A partir de aquí surge la duda que siempre ha caracterizado a la izquierda institucional ¿Oposición frontal o colaboracionismo? Algo, que en mi opinión, depende también de las circunstancias. No hubiera sido razonable no intentar conformar un gobierno progresista para dar solución a los problemas sociales y territoriales desde la izquierda, cuando las posiciones estén tan polarizadas y el nacionalismo español y reaccionario tan exaltado. Pero para ello el PSOE, que es el único capaz de liderar esas soluciones, debe ser arrastrado hacia la izquierda. No había, pues, otra salida que el gobierno de coalición.

A partir de aquí, lo que debemos esperar de este, es fundamentalmente que no haya retroceso de derechos sociales y laborales, creo que podemos estar de acuerdo que la presencia de Unidad Podemos es una garantía, sobre todo de lo segundo. Además, en la medida de lo posible aumentar esos espacios de libertad y justicia social.

Posiblemente todos soñamos con asaltar los cielos, pero la realidad actual es otra.