Uno de los grandes problemas que
actualmente tiene nuestro entramado organizativo es la cuestión de una financiación de los municipios con la que poder resolver las necesidades
sociales de los vecinos, y, concretamente, de los municipios más pequeños. La
mayor parte de este dinero es entregado por el gobierno central a las diputaciones
provinciales para que estas lo gestionen.
Esto ha generado en el pasado, y genera
actualmente, en la distribución de los recursos problemas de transparencia, falta
de conocimiento, partidismo, una burocracia excesiva, derroche en
megaestructuras… Además, de imponerse en el reparto, criterios injustos que no tratan de revertir los desequilibrios
territoriales generados por la dinámica económica y que, como mucho, tratan de
dulcificarlos.
Se trata de criterios liberales,
desde el punto de vista económico, e interesados, desde el punto de vista
electoral, derivados de una composición de fuerzas, dentro de la institución,
dónde los ciudadanos ni siquiera podemos intervenir con nuestro voto directo.
El más utilizado de estos criterios, es el demográfico, es decir, dar más
recursos a aquellos municipios con más población. En la práctica, son las zonas
que bordean a las ciudades, es decir, el periurbano. Zonas con gran
cantidad de equipamientos sociales y con un nivel de infraestructuras bastante
satisfactorias que han llegado a ese número de personas debido a la absorción de recursos que, de forma natural, se genera en el mundo urbano.
¿No sería más lógico romper con
ese centralismo e invertir más en aquellos lugares donde el devenir económico ha
generado estragos? No es creíble la apuesta de las instituciones por combatir
la despoblación cuando para ello utilizan las mismas ideas y los mismos
criterios que han fracasado durante años.
Se demuestra, también aquí, la ineficacia
de unos organismos señalados por la ciudadanía y que solo son útiles para los
partidos políticos, y sus intereses, como herramientas de poder.
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