Hay mucho interés, por parte de medios de comunicación y partidos políticos (posiblemente presionados por intereses económicos) en mezclar dos conceptos que están relacionados pero que legalmente soy cosas diferentes, que responden a la vulneración de derechos diferentes y que tienen respuestas diferentes por parte de la administración.
Se esfuerzan en programas sensacionalistas, con tertulianos mal informados (o con una mala intencionalidad), en hacer creer a nuestras abuelas que si salen de la casa, donde viven, van a meterse a vivir en ella y no va a poder entrar hasta que meses después haya una resolución judicial.
Eso es una falacia, y si de verdad ha pasado, la policía ha actuado mal. Según el artículo 202.1 del Código Penal, el delito de allanamiento de morada se traduce en que “el particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años“. Y la respuesta es rápida ya que la policía puede actuar para desalojar a quien está en el interior de la vivienda y las penas previstas son de prisión. La clave es la palabra morada, es decir "lugar donde se habita" según la RAE (la importancia de conocer las palabras. Por lo tanto se proteje el derecho a la vivienda y a la intimidad. Es decir no puede haber un oKupación (o usurpación) en una primera vivienda y por lo tanto, nadie tiene que esperar a una resolución judicial para volver a entrar, sencillamente a que actúe la policía, lo cuál es algo rápido.
La Okupación (o usurpación), por su parte, está regulada en el artículo 245.2 del Código Penal: “El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses“. Es decir, un lugar donde no hay morador, ósea persona que viva, por lo tanto aquí se protege el derecho a la propiedad privada. Aquí es dónde el desahucio necesita orden judicial y se resuelve con una multa.
Durante la crisis del 2008, y aún hoy continúa, salían imágenes de gente parando deshaucios, no allanamientos, de personas que se quedaban en la calle porque no podían pagar, en la mayoría de las veces, la hipoteca al banco ¿Quién sería el gran beneficiario si de pronto se igualaran los tipos penales? Imaginemos una hipotética crisis económica, dónde las familia humildes vean reducidos los ingresos y no puedan pagar la renta o la hipoteca al banco y sean echados de sus viviendas del día a la noche. Imaginemos el drama de esa gente por el beneficio de unos pocos. Y creo que, ahí, hay que encuadrar la propuesta del vicepresidente del gobierno (que diga una cosa o la contraria lo van a criticar siempre, dicho sea de paso)
Es cierto, que también es okupación el dejar de pagar el alquiler de la segunda vivienda de una familia que, por el motivo que sea (ahorros, herencias...), tienen una vivienda con la que poder sacar algo de dinero. Evidentemente, a eso hay que darle también una solución, no quiero que se entienda esto como la privación de derecho a la propiedad privada de gente normal, pero sí cómo una reflexión del derecho a la vivienda y de como se mezclan cosas para favorecer a unos pocos utilizando de pantalla a quienes tienen dos viviendas para beneficiar a todo el sistema bancario.
De toda esta situación, lo que más me molesta, es la actitud de los medios de comunicación. Inventándose un problema, confundiendo derechos intencionadamente, favoreciendo una desinformación de la ley y, lo peor de todo, asustando a viejas.
Se podrá por lo tanto estar a favor de que se regulen los desahucios o no. Yo, por ejemplo, soy partidario de garantizar el derecho a la vivienda, cosa que no se haría si se igualaran los tipos penales de allanamiento y usurpación. Pero lo que no se puede permitir es la actitud de ciertos periodistas mintiendo y desinformando a sabiendas y con total impunidad.
