CARTA AL ALCALDE DE TORDESILLAS SOBRE LA VISIBILIDAD DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

 

El 28 de Junio fue el día Internacional del Orgullo LGTBI. En diferentes municipios de nuestro país los Ayuntamientos se implicaron en la visibilidad de la diversidad sexual. Desgraciadamente estas acciones que buscan normalizar la pluralidad en nuestra sociedad no fueron compartidas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tordesillas, a pesar de que se les solicitó por escrito.

El hecho de poner una pancarta o una bandera en solidaridad con el colectivo LGTBI, ya no hablamos de acciones culturales más allá de esto, supone no solo un apoyo importante a las personas que sufren homofobia sino también un reconocimiento a las muchas personas que lo sufrieron en el pasado y gracias a las cuales, en nuestro país, contamos con un marco legal favorable, aunque sea insuficiente.

Debemos tener presente, en el pensamiento colectivo, que, en España, hasta 1978 ser homosexual era penado con la cárcel, que hasta 2005 no se aprobó la Ley del Matrimonio Homosexual (A pesar de que en pleno siglo XXI era rechazada por sectores conservadores de nuestra sociedad) o que hasta 2018 la Transexualidad era considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Es decir todo un marco normativo y una sociología que ha generado mucho sufrimiento y que se ha ido superando a base de luchas, de gente que ha estado en la cárcel, de personas valientes que han tenido que emigrar de sus pueblos para ser felices y de aguantar muchas injusticias en todos los ámbitos (laboral, social, educativo…).

Gracias a esas luchas del pasado, y a gobiernos progresistas que han hecho ley las demandas de la calle, España ha llegado a 2022 siendo un referente en la conquista de derechos LGTBI, y creo que, es algo de lo que estar orgulloso como sociedad. Evidentemente aún queda mucho que recorrer, está claro que no está normalizado totalmente, que aun hay sectores que no ven la diversidad sexual con normalidad, que hay quienes tienen miedo de mostrarse tal y como son o quienes optan por ocultar su identidad por temor a ser rechazados. Mientras todo esto no se solucione, y en el mundo siga habiendo países con leyes homófobas, será necesario seguir reivindicando acciones al respecto.

Desde las administraciones, como los Ayuntamientos, hay que ser valientes reconociendo esta realidad y no dar cabida a discursos que, desde posiciones cómodas (que buscan intentar  mantener el status quo y perpetuar las discriminaciones que algunos ven como normales)  juegan al victimismo señalando que el colectivo LGTBI es un colectivo privilegiado ¿Cuándo en nuestras sociedades el ser homosexual y escaparse de la norma ha supuesto privilegio? Todo lo contrario, ni cuando te metían en la cárcel por ello, ni ahora por mucho que hayamos avanzado. Tampoco debemos caer en el falso discurso de que, como ya hay leyes frente a la homofobia pues el camino está recorrido. Eso es tanto como decir que ya está todo conseguido en materia laboral o de vivienda porque en la Constitución se señala que l@s ciudadan@s tenemos derecho a un trabajo y a una vivienda digna, pero la realidad es que hay gente sin casa y gente sin empleo o con empleos precarios. En el tema de la diversidad sexual, por mucho que haya leyes que garanticen los derechos (después de mucha lucha), todavía queda un amplio camino de concienciación de toda la sociedad hasta conseguir la total normalización y eso, necesariamente, debe suponer esfuerzos por parte de todas las administraciones.

Por todo ello es necesario El día del Orgullo LGTBI y visibilizar la diversidad sexual: para el reconocimiento de las personas que sufrieron y lucharon en el pasado, para solicitar más medidas a favor de la normalización y para que la gente que tiene miedo sienta que vive en una sociedad y un pueblo acogedor. Por eso, desde aquí, desde esta humilde posición, quiero pedirle al alcalde de mi pueblo, de Tordesillas, que apueste por la visibilidad de los colectivos que tradicionalmente han estado discriminados, como ha sido el colectivo LGTBI o las mujeres, como hizo en su primer año como alcalde, que vuelva a tener esa valentía, porque es un pequeño gesto que para algunos (creo que una mayoría) significa mucho.

Emociones dirigidas

 

La empatía es una cualidad fundamental para formar sociedades justas, supone meterse en la piel de los demás e intentar  comprender sus emociones y circunstancias. El problema es que en la era del consumo masivo e inmediato de noticias y de la estimulación constante por redes sociales y (me voy a permitir la licencia) por “medios de desinformación”, es factible intentar orientar esa sensibilidad emocional de las personas, poniendo el foco mediático dónde interesa.

En la radio, el twitter, la televisión…  a todas horas nos “bombardean” con imágenes y comentarios sobre la invasión Rusa en Ucrania ¿Quién puede defender aquello? Efectivamente, la muerte de civiles por los intereses geoestratégicos de las oligarquías es indefendible, porque no hay que olvidar que, al final, en las guerras, los muertos siempre son la gente sencilla (ya sean civiles o militares).

¿Por qué los muertos de Ucrania merecen las lágrimas que occidente le niega a otros pueblos? De hecho, los palestinos son masacrados por Israel a diario y nadie se acuerda de ellos, los sirios siguen huyendo del horror de la guerra, y los Kurdos son asediados mientras luchan contra el ISSIS,  por poner algunos ejemplos. En el mismo sentido también es cuestionable, por lo menos para mí, la actitud hacia los refugiados sirios, que no contaron en su momento con la gran generosidad que la totalidad de europeos estamos mostrando a los ucranianos. Esto no quiere decir, ni mucho menos que esté en contra de la ayuda a los que peor lo están pasando, “líbreme Dios”, pero se empieza a vislumbrar un “doble rasero”.

No dudo que en la segunda cuestión hay un componente de rechazo racial, pero lo que marca verdaderamente este comportamiento es el “entramado mediático”, el discurso único que se transmite desde periódicos, televisores, palabras de representantes políticos, redes sociales y radios. Nos dicen “indígnate por esto aquí y ahora”.

No nos engañemos, todos sabemos que muere gente en el Mediterráneo huyendo de los horrores de sus países o que los palestinos están sufriendo un verdadero exterminio. Cuando hay muertes los medios de comunicación se encargan de mostrárnoslo, nos indignamos un tiempo y luego, cuando ya no es noticia, seguimos con nuestra vida como si no pasara nada.

Vivimos en una sociedad dónde, a pesar de creernos libres, nos están señalando dónde debemos poner el foco de nuestra emociones y hacia quien debemos descargar nuestro odio.

Debo reconocer que cuando he visto manifestaciones contra la Guerra de Ucrania a gente que jamás se apunta a una causa pacifista, he pensado que eran unos hipócritas, pero la realidad es que no, no lo son, sencillamente es que la "exhibición" en los medios de comunicación de los horrores en Ucrania (y comentarios en tertulias “bien posicionados”) es tan agresiva que hace imposible la evasión que solemos utilizar ante la dura realidad del mundo que nos rodea.

EL IMPACTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES SOBRE EL TERRITORIO

 

Hace unos días acudí a una charla en el Valle de Esgueva, sobre el impacto que tenían las energías renovables en nuestro entorno. Me pareció interesante, dado que, en conversaciones informales, había hablado con vecinos y vecinas de Tordesillas sobre lo “frustrante” que era cubrir el campo de paneles fotovoltaicos. Recordaba cómo, cuándo pusieron los aerogeneradores en la Cuesta Carracastro, hubo una “resignación” general motivada por el discurso de que iba a llenar de “dineros” las arcas municipales, pero en el fondo nos dolía que fuera a ser a cambio de modificar un espacio emblemático para los tordesillanos y las tordesillanas, modificando totalmente la clásica imagen de nuestro municipio con el Cerro culminando o poniendo en peligro el yacimiento arqueológico allí situado.

Probablemente, todas esas inquietudes y preocupaciones, han surgido en diferentes lugares ante el avance de las renovables, sin duda energías que deben ser presente y futuro, y que han dejado dinero (en arcas municipales a través de licencias y a los dueños de la tierra), pero a qué precio. En el momento actual la tranquilidad de la vida en los pueblos, de tener espacios cercanos al aire libre, se ha convertido en una necesidad a reivindicar. Los pueblos tenemos eso, pero nos lo están quitando.

La Plataforma vecinal “Defensa del Valle Esgueva” es la solidificación de ese hartazgo, vecinos y vecinas que han decidido pasar de la resignación a la acción. Comprobaron como intereses económicos y políticos estaban convirtiendo su entorno en un paisaje negro, cubierto de paneles fotovoltaicos, lo que estaba modificando su tradicional paisaje, a la biodiversidad y que no estaba teniendo un impacto positivo en el territorio.

En Tordesillas no somos ajenos a esta ocupación del espacio por parte grandes proyectos de péneles fotovoltaicos dónde antes había cultivos, a ese cambio del tradicional campo amarillo castellano a un paisaje negro que ni siquiera repercute económicamente a nivel local, más allá del pago de las licencias al ayuntamiento.

La cuestión es ¿Por qué se eligen entornos cercanos a centros comarcales de servicios o a áreas urbanas? La respuesta está en que deben concentrase en lugares con subestaciones de red eléctrica cercana, para evitar pérdidas de tensión que encarecerían la factura. Además, el hecho de que fueran zonas de cultivo añaden la oportunidad de ocupar espacios que ya han sido allanados y por lo tanto trabajar sobre ellos es menos costoso.

Lo curioso es el avance de estas instalaciones en los últimos años, un avance que se ha producido sin planificación y prácticamente ha sido “a la caza del territorio” dando igual las consecuencias y la forma. Digo curioso porque si bien responde a la intención por parte del gobierno de pasar en los próximos años de una producción en renovables de 108 GW a 250GW, la realidad es que desde 2008 el consumo eléctrico en España está disminuyendo fruto, fundamentalmente, de la marcha de la industria a otros países, ya que esta es el mayor foco de consumo eléctrico. Entonces ¿Por qué este aumento en producción de energía? La explicación hay que buscarla en los planes de la Unión Europea, concretamente en la Agenda 2030, donde se pretende que la energía generada por renovables, en especial la energía fotovoltaica, en países mediterráneos sirva para satisfacer los intereses de países del Norte de Europa como Dinamarca, Alemania… generando que los impactos negativos  se produzcan aquí, concretamente en las áreas rurales próximas a las ciudades o en las zonas próximas a los centros comarcales de servicios, como es el caso de Tordesillas, pero la energía se consuma y genere productividad o puestos de trabajo, en otros países europeos. Estamos, una vez más, ante otra evidencia de la mala construcción de la Unión Europea, dónde los países mediterráneos, salimos perdiendo.

Sin duda las energías renovables deben formar parte del futuro ya que son fuente ilimitada, el problema viene de la forma en que se están implantando en el territorio, primando el interés económico, no de los espacios y de los municipios dónde se instalan, sino de otros lugares. Relegando de esta forma a estas zonas a una posición secundaria, mientras modifican el paisaje, la actividad agraria, formas de ocio o culturales.

Personalmente pienso que los tordesillanos y las tordesillanas fuimos muy permisivos permitiendo la construcción de un parque eólico en la Cuesta Carracastro, conozco a muy poca gente que le haya gustado y desde luego las repercusiones económicas a las arcas del ayuntamiento no hay cambiado la vida de nadie, ni han supuesto un gran avance de nuestro municipio. No permitamos que los paneles fotovoltaicos se conviertan en algo de lo que después nos tengamos que arrepentir. Desde mi punto de vista el Ayuntamiento debería dejar de conceder licencias para su implantación. La gente del Valle Esgueva así lo ha entendido, vecinos y vecinas, pero también políticos de todas las ideologías, y desde luego, tienen mi admiración por ello.

2020: La pandemia como excusa

 

2020 será un año que no olvidaremos, no sé si en el futuro lo miraremos con cierta nostalgia, pero si algo ha proporcionado (y aún en ello estamos) la pandemia del COVID 19, es tiempo: para estudiar, para analizar, para reflexionar, para observar aunque fuera a través de la pantalla del ordenador…

Las redes sociales y los grupos de whatsapp han ardido con bulos, artículos y comentarios de todo tipo, pero que en conjunto te permitían hacerte una composición de la realidad de nuestro país, dónde, se está librando una batalla entre quienes han votado a la mayoría parlamentaria que sostiene al actual gobierno, y que, en mi opinión, representan los intereses de la mayoría social, y quienes apoyan los discursos y posturas, a veces contradictorias, del PP y VOX.

El grado de agresividad asusta, pero no es casualidad que ocurra con el actual gobierno que pone sobre la mesa muchas de las reformas sociales y laborales exigidas desde los movimientos sociales. La derecha española nunca ha llevado bien no tener el poder político pero si además desde la izquierda se cuestionan los privilegios de unos pocos son como perros enrabietados. Al final todo se reduce a un choque de intereses entre oligarquía y mayoría social, ósea a una lucha de clases.  Nos equivocamos, por tanto, si circunscribimos la situación de tensión política actual exclusivamente a la pandemia.

Lo que ha generado la coyuntura sanitaria  es sometimiento del estado a un gran estrés dejando sus vergüenzas al aire, lo que ha provocado una necesaria y rápida actuación por parte del ejecutivo actual en favor de las clases sociales más desfavorecidas. Es decir, una aceleración del programa de gobierno a favor de esa mayoría social. Esto es algo totalmente diferente a la reacción que hubo con la crisis económica de 2008, aún así, todo hay que decirlo, esta vez hemos contado con la colaboración de la Unión Europea, quizás porque la pandemia ha afectado a todos.

El adelgazamiento del sector público durante años de Tercera vía por parte del PSOE o de recortes en la gestión de la crisis de 2008 son los que han provocado esas vergüenzas del estado, es decir, esa dificultad de la administración pública por cubrir las necesidades de los más desfavorecidos y por lo tanto, esa falta de reacción y fuerza a la hora de abordar las consecuencias de la pandemia. Por ello me parecen tremendamente hirientes los ataques de la derecha de este país, propios de quienes no tienen discurso ni alternativa pero tienen que tensar la cuerda de alguna forma.

De todo ello la covid 19 ha dejado muchos ejemplos: la falta de capacidad sanitaria para atender a un número importante de pacientes, la falta de inversión para solucionar problemas derivados de un planeamiento urbano que a mediados del siglo XX permitió hacinamiento en los barrios obreros, la falta de inversión en educación para impedir grandes ratios de alumnos, la falta de inversión en dependencia… En definitiva la falta de apuesta financiera en toda una serie de políticas encaminadas a garantizar los derechos de todas las personas independientemente de su poder adquisitivo, es decir, des su clase social.

Desmontando los Bulos sobre la Ley Celaá

El Congreso de los Diputados ha aprobado “La reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE)”, denominada “Ley Celaá”, siendo la octava reforma educativa de la democracia y sustituyendo así a la “Ley Wert” que tanta contestación tuvo por parte de la comunidad educativa.

El principal inconveniente del que sufre  esta ley, como el resto de sus predecesoras, es la falta de consenso entre las principales fuerzas de gobierno, es decir entre el PP y el PSOE, lo que impide un gran pacto sobre uno de los temas centrales sobre los que debe girar el futuro de un país: La Educación. Esto, en la práctica, condena a la denominada “Ley Celaá” a una corta duración de tiempo, pues cuando el gobierno cambie será sustituida por otra “a medida” del que ahora es el principal partido de la oposición.

Aún así, no conviene olvidar y desmentir muchos de los argumentos en los que se ha basado la campaña de desprestigio hacia la nueva ley. Muchos de ellos introducidos con noticias falsas, que se reproducen en las redes sociales

1-      El castellano no desaparece de la educación: Se ha atacado la ley señalando que “borrará” el castellano de la educación en las comunidades con más de una lengua materna, pero en la ley lo que dice, literalmente, es:  “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable.” Y en la Constitución Española  pone, en su artículo 3, que   “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla” y además que “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Por lo tanto, la nueva propuesta educativa señala, sin necesidad de hacerlo (porque jerárquicamente la Constitución es superior y, por lo tanto,  ninguna ley puede contravenirla), que la enseñanza en castellano está asegurada en todo el país, tengamos, o no tengamos, lengua cooficial.

2-      La ley no propone acabar con los centros de educación especial: Otro de los bulos, que han corrido cómo la pólvora, es el intento por eliminar los centros de educación especial, pero en el texto legislativo pone lo siguiente: “El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros Ordinarios.” Es decir, lo que se pretende es que, sin detrimento de que los jóvenes puedan asistir a los centros de educación especial si las familias así lo quieren, haya recursos para que los centros de educación ordinaria tengan las condiciones para poder aceptarlos.

3-      No se va a cerrar la educación concertada: La educación concertada seguirá existiendo, pero se establecerán medidas encaminadas a corregir la distribución del alumnado desfavorecido entre las redes pública y concertada, que ahora se matricula de forma desproporcionada en la primera. Intentando evitar, así, que la concertada se convierta en un tipo de educación elitista, frente a una pública dónde vayan la totalidad de los hijos de los hogares con menos renta o con necesidades especiales. Esto viene regulado en al artículo 87 de dicha ley: “Con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades, las Administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza. Para ello, establecerán una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados y garantizarán los recursos personales y económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho apoyo. Asimismo, establecerán las medidas que se deban adoptar cuando se concentre una elevada proporción de alumnado de tales características en un centro educativo que irán dirigidas a garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad de todos los alumnos y alumnas” y para garantizar esto, la ley señala: “Para facilitar la escolarización y garantizar el derecho a la educación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo las Administraciones educativas deberán reservarle hasta el final del período de preinscripción y matrículas, derivadas tanto de la evaluación ordinaria como extraordinaria, una parte de las plazas de los centros públicos y de las autorizadas a los centros privados concertados. Dicha reserva podrá mantenerse hasta el inicio del curso escolar.”

En definitiva, pese a las carencias que pueda tener la nueva propuesta educativa, entre las que destaco la arriba señalada, ósea la falta de consenso, lo que queda claro es que las principales críticas a la ley, por parte de los movimientos conservadores, se basan en mentiras y atacan a los principios de inclusión social y económica que deben primar en la educación, porque la escuela es un lugar dónde se iguala a los jóvenes dando igual sus condiciones socioeconómicas, su raza, su religión o su género.

El principal problema es cómo está calando un discurso de “engaño” al que algunos tienen que recurrir porque, saben, que desde la razón y la verdad no pueden criticar dichos aspectos de la ley y lo peor de todo es como, desde las agrupaciones locales de los partidos políticos conservadores, reproducen este falso argumentario que les envían desde las cúpulas intentando manipular así a los vecinos y vecinas de los diferentes pueblos. 

EL ALLANAMIENTO NO ES OCUPACIÓN

Hay mucho interés, por parte de medios de comunicación y partidos políticos (posiblemente presionados por intereses económicos) en mezclar dos conceptos que están relacionados pero que legalmente soy cosas diferentes, que responden a la vulneración de derechos diferentes y que tienen respuestas diferentes por parte de la administración.

Se esfuerzan en programas sensacionalistas, con tertulianos mal informados (o con una mala intencionalidad), en hacer creer a nuestras abuelas que si salen de la casa, donde viven, van a meterse a vivir en ella y no va a poder entrar hasta que meses después haya una resolución judicial.

Eso es una falacia, y si de verdad ha pasado, la policía ha actuado mal. Según el artículo 202.1 del Código Penal, el delito de allanamiento de morada se traduce en que “el particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años“. Y la respuesta es rápida ya que la policía puede actuar para desalojar a quien está en el interior de la vivienda y las penas previstas son de prisión. La clave es la palabra morada, es decir "lugar donde se habita" según la RAE (la importancia de conocer las palabras. Por lo tanto se proteje el derecho a la vivienda y a la intimidad. Es decir no puede haber un oKupación (o usurpación) en una primera vivienda y por lo tanto, nadie tiene que esperar a una resolución judicial para volver a entrar, sencillamente a que actúe la policía, lo cuál es algo rápido.

La Okupación (o usurpación), por su parte, está regulada en el artículo 245.2 del Código Penal: “El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses“. Es decir, un lugar donde no hay morador, ósea persona que viva, por lo tanto aquí se protege el derecho a la propiedad privada. Aquí es dónde el desahucio necesita orden judicial y se resuelve con una multa.

Durante la crisis del 2008, y aún hoy continúa, salían imágenes de gente parando deshaucios, no allanamientos, de personas que se quedaban en la calle porque no podían pagar, en la mayoría de las veces, la hipoteca al banco ¿Quién sería el gran beneficiario si de pronto se igualaran los tipos penales? Imaginemos una hipotética crisis económica, dónde las familia humildes vean reducidos los ingresos y no puedan pagar la renta o la hipoteca al banco y sean echados de sus viviendas del día a la noche. Imaginemos el drama de esa gente por el beneficio de unos pocos. Y creo que, ahí, hay que encuadrar la propuesta del vicepresidente del gobierno (que diga una cosa o la contraria lo van a criticar siempre, dicho sea de paso)

Es cierto, que también es okupación el dejar de pagar el alquiler de la segunda vivienda de una familia que, por el motivo que sea (ahorros, herencias...), tienen una vivienda con la que poder sacar algo de dinero. Evidentemente, a eso hay que darle también una solución, no quiero que se entienda esto como la privación de derecho a la propiedad privada de gente normal, pero sí cómo una reflexión del derecho a la vivienda y de como se mezclan cosas para favorecer a unos pocos utilizando de pantalla a quienes tienen dos viviendas para beneficiar a todo el sistema bancario.

De toda esta situación, lo que más me molesta, es la actitud de los medios de comunicación. Inventándose un problema, confundiendo derechos intencionadamente, favoreciendo una desinformación de la ley y, lo peor de todo, asustando a viejas.

Se podrá por lo tanto estar a favor de que se regulen los desahucios o no. Yo, por ejemplo, soy partidario de garantizar el derecho a la vivienda, cosa que no se haría si se igualaran los tipos penales de allanamiento y usurpación. Pero lo que no se puede permitir es la actitud de ciertos periodistas mintiendo y desinformando a sabiendas y con total impunidad.

El interesado debate sobre la "Okupación"

 

Los medios de comunicación no son “hermanitas de la caridad”, son empresas con sus intereses económicos que se ven sacudidas por decisiones políticas o por coyunturas económicas, lo que tienen a su favor es que, con sus líneas editoriales, pueden orientar la opinión de la población hacia posturas beneficiosas para ellos, a veces incluso van más allá.

La última campaña al respecto tiene mucho que ver con intereses económicos y derecho a la vivienda. Hablo de los mal llamados Okupas, digo mal llamados porque nunca el movimiento Okupa pretende quitar la vivienda a nadie, es un movimiento que denuncia que actúa sobre locales vacíos, no sobre viviendas habitadas, pero se ha confundido intencionadamente con el allanamiento de morada y así los intereses económicos matan dos pájaros de un tiro. Dicho de otra forma, no es lo mismo que en la televisión salga que un grupo de personas ha okupado un local vacío, que es fruto del “lavado” de dinero negro, y dónde hacen actividades sociales, a que te digan que un grupo de personas se han metido en la casa de una familia. Los conceptos y la finalidad son diferentes, pero las televisiones los malinterpretan a propósito, mezclan un acto solidario y reivindicativo que busca un beneficio colectivo con un acto egoísta que busca beneficio privado. 

Personalmente no sé cuántos de nosotros conocemos allanamientos de morada, pero según el ministerio del interior en 2019 había 19 diarios. Los problemas hay que afrontarlos, desde luego, pero viendo la sobreexposición mediática y comparando los datos con otro fenómeno relativo a la vivienda, cómo es el de los desahucios (162 al día en ese mismo año), uno, que desconfía de los medios de comunicación, no puede sino dejar de pensar que hay intereses detrás. Y los hay, claro que los hay, el miedo es un sentimiento que genera negocio, de hecho las empresas de seguridad han multiplicado sus beneficios. Pero esto no queda ahí, ¿Cuántas veces lo bancos han pedido leyes de desahucio más rápidas para dejar a la gente en la calle? Eso queda mal decirlo en televisión.

La última crisis económica puso de manifiesto una confrontación entre derechos sociales, en este caso derecho a la vivienda, y el sistema económico. Dónde claramente el activismo había puesto la problemática de los desahucios en la primera línea de reivindicación. Lo que está pasando es que, sencillamente, el bando contrario, se está moviendo. Están realizando una jugada maestra (para ellos): demonizas un movimiento de protesta, generas miedo, fruto de este haces negocio, presionas para cambiar una ley que es molesta para el poder económico y de paso le cargan el muerto a un gobierno que les genera malestar.

Si es que con dinero se puede hacer todo.