Desmontando los Bulos sobre la Ley Celaá

El Congreso de los Diputados ha aprobado “La reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE)”, denominada “Ley Celaá”, siendo la octava reforma educativa de la democracia y sustituyendo así a la “Ley Wert” que tanta contestación tuvo por parte de la comunidad educativa.

El principal inconveniente del que sufre  esta ley, como el resto de sus predecesoras, es la falta de consenso entre las principales fuerzas de gobierno, es decir entre el PP y el PSOE, lo que impide un gran pacto sobre uno de los temas centrales sobre los que debe girar el futuro de un país: La Educación. Esto, en la práctica, condena a la denominada “Ley Celaá” a una corta duración de tiempo, pues cuando el gobierno cambie será sustituida por otra “a medida” del que ahora es el principal partido de la oposición.

Aún así, no conviene olvidar y desmentir muchos de los argumentos en los que se ha basado la campaña de desprestigio hacia la nueva ley. Muchos de ellos introducidos con noticias falsas, que se reproducen en las redes sociales

1-      El castellano no desaparece de la educación: Se ha atacado la ley señalando que “borrará” el castellano de la educación en las comunidades con más de una lengua materna, pero en la ley lo que dice, literalmente, es:  “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable.” Y en la Constitución Española  pone, en su artículo 3, que   “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla” y además que “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Por lo tanto, la nueva propuesta educativa señala, sin necesidad de hacerlo (porque jerárquicamente la Constitución es superior y, por lo tanto,  ninguna ley puede contravenirla), que la enseñanza en castellano está asegurada en todo el país, tengamos, o no tengamos, lengua cooficial.

2-      La ley no propone acabar con los centros de educación especial: Otro de los bulos, que han corrido cómo la pólvora, es el intento por eliminar los centros de educación especial, pero en el texto legislativo pone lo siguiente: “El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros Ordinarios.” Es decir, lo que se pretende es que, sin detrimento de que los jóvenes puedan asistir a los centros de educación especial si las familias así lo quieren, haya recursos para que los centros de educación ordinaria tengan las condiciones para poder aceptarlos.

3-      No se va a cerrar la educación concertada: La educación concertada seguirá existiendo, pero se establecerán medidas encaminadas a corregir la distribución del alumnado desfavorecido entre las redes pública y concertada, que ahora se matricula de forma desproporcionada en la primera. Intentando evitar, así, que la concertada se convierta en un tipo de educación elitista, frente a una pública dónde vayan la totalidad de los hijos de los hogares con menos renta o con necesidades especiales. Esto viene regulado en al artículo 87 de dicha ley: “Con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades, las Administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza. Para ello, establecerán una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados y garantizarán los recursos personales y económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho apoyo. Asimismo, establecerán las medidas que se deban adoptar cuando se concentre una elevada proporción de alumnado de tales características en un centro educativo que irán dirigidas a garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad de todos los alumnos y alumnas” y para garantizar esto, la ley señala: “Para facilitar la escolarización y garantizar el derecho a la educación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo las Administraciones educativas deberán reservarle hasta el final del período de preinscripción y matrículas, derivadas tanto de la evaluación ordinaria como extraordinaria, una parte de las plazas de los centros públicos y de las autorizadas a los centros privados concertados. Dicha reserva podrá mantenerse hasta el inicio del curso escolar.”

En definitiva, pese a las carencias que pueda tener la nueva propuesta educativa, entre las que destaco la arriba señalada, ósea la falta de consenso, lo que queda claro es que las principales críticas a la ley, por parte de los movimientos conservadores, se basan en mentiras y atacan a los principios de inclusión social y económica que deben primar en la educación, porque la escuela es un lugar dónde se iguala a los jóvenes dando igual sus condiciones socioeconómicas, su raza, su religión o su género.

El principal problema es cómo está calando un discurso de “engaño” al que algunos tienen que recurrir porque, saben, que desde la razón y la verdad no pueden criticar dichos aspectos de la ley y lo peor de todo es como, desde las agrupaciones locales de los partidos políticos conservadores, reproducen este falso argumentario que les envían desde las cúpulas intentando manipular así a los vecinos y vecinas de los diferentes pueblos.